La aplicación de los derechos de protección en la sustanciación del proceso ejecutivo.

Abstract

La Constitución de la República del Ecuador, establece a favor de todos los ecuatorianos, los denominados derechos de protección, entre los que encontramos garantías como la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa, y el derecho a la seguridad jurídica. La vigencia de los derechos antes mencionados es trascendental para garantizar que se respeten las garantías que tiene las personas involucradas en un proceso legal, en calidad de sujetos procesales, titulares de derechos. Sin embargo, al revisar el Código de Procedimiento Civil ecuatoriano se puede determinar que el mencionado cuerpo legal procesal, al regular lo referente al juicio ejecutivo, establece que el ejecutante tendrá derecho a interponer todos los recursos que son aplicables dentro del proceso ordinario, mientras que el ejecutado es decir el sujeto pasivo del proceso ejecutivo únicamente podrá apelar la sentencia, sin tener la posibilidad de acudir a las demás vías de impugnación, en defensa de sus derechos. La normativa procesal civil en referencia, es inconstitucional, puesto que se vulneran directamente las garantías a las que se ha hecho referencia anteriormente, y se pone en riesgo de vulneración también los intereses y derechos que en el ámbito patrimonial le asisten a la persona ejecutada en el proceso ejecutivo. La problemática mencionada en las líneas anteriores, se aborda en el presente trabajo investigativo que cuenta con un amplio sustento teórico, de carácter conceptual, jurídico y doctrinario, con resultados obtenidos a través de un proceso investigativo de campo, en base al cual se elaboran conclusiones y recomendaciones, y finalmente se realiza el planteamiento de una propuesta de reforma al Código de Procedimiento Civil, con la finalidad de garantizar a favor de la persona ejecutada el cumplimiento de todos los derechos y garantías que en calidad de sujeto procesal, le reconoce la Constitución de la República del Ecuador.