Determinar el incumplimiento de los programas y procesos de las personas privadas de la libertad en relación a la rehabilitación social constantes en el Artículo ocho del código orgánico integral penal

Abstract

Con el pasar del tiempo y la evolución del pensamiento humano y la constante insaciable búsqueda de mayores elementos y mecanismos que mejoren las condiciones de vida, se dio paso a distintos modos de producción, el feudalismo, esclavismo, comunismo, socialismo hasta llegar hoy en día al capitalismo contemporáneo, convirtiendo en cada una de estas etapas a la búsqueda del sustento, ya no sólo en una actividad de supervivencia, sino en una serie de procesos que permitan abarcar capitales e incrementar riquezas, dando paso al reconocimiento del trabajo. El trabajo desarrollado por personas mayores de 18 años en actividades lícitas, constituye un derecho y un deber social, legítimamente reconocido y amparado, pero a pesar de los acuerdos, tratados, códigos y reglamentos, a mitad de la segunda década del siglo XXI. Los países latinoamericanos somos sociedades que enfrentamos cada vez problemas más complejos debido a las características agresivas del sistema dominante, esto ha llevado entre otras cosas, a la pérdida de valores humanos y sociales, generando una mayor diversidad de los comportamientos delincuenciales y de los problemas sociales. Frente a esto ni la estructura del Estado, ni la sociedad en general, y peor aún nuestras legislaciones están preparadas para este repentino cambio y para sus consecuencias la delincuencia, la inseguridad ciudadana, la masificación, la corrupción y la deshumanización en todos los niveles. El fenómeno social de la delincuencia en nuestro medio está sancionado con penas privativas de la libertad, a tal punto que la prisión es una de las diversas formas de castigo que se han utilizado a lo largo de la historia. Pero a diferencia de las otras, ha perdurado y sobrevivido, concentrando el monopolio de la punición, de tal manera que la cárcel y pena son casi sinónimos indiscutibles. La cárcel no solamente priva a un individuo de su libertad sino que se apodera de su tiempo, su sufrimiento, su recreación, sus relaciones afectivas, su cuerpo, en fin, la punición recae sobre su vida y no se redime socialmente nunca más. A tal punto que podríamos afirmar que las penas privativas de la libertad como medio para rehabilitar al delincuente han fracasado en cuanto a sus objetivos rehabilitadores. Nuestra legislación en materia penitenciaria es muy moderna y apegada a criterios internacionales. La Constitución y el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social manda que los Centros de Rehabilitación Social promuevan la readaptación del delincuente, con lo cual está prácticamente otorgándoles un derecho a las personas privadas de libertad a que puedan ser sujetos de ayuda y de atenciones para una efectiva reincorporación a la sociedad. Reincorporación que debe de traer una formación integral que permita al delincuente alcanzar una vida honrada y digna al momento de dejarlo en libertad. Pero la cruel realidad de nuestro Sistema de rehabilitación social es otra contrasta totalmente con la teoría, los niveles de hacinamiento son desesperantes, pues, escasamente se cumple la política criminal del Estado. Los Centros de Rehabilitación Social no cuentan ni con la infraestructura, ni con todos los servicios que requiere un proceso de rehabilitación, de allí que, tres de cada diez internos e internas rehabilitados/as vuelven a los pocos meses a los centros. En el caso de los centros de rehabilitación son con una construcción muy pequeña albergan demasiado número de personas, donde lugares básicos como el comedor funcionan pero falta espacio, entre otros problemas de las instalaciones, que no presentan las adecuadas condiciones para su funcionamiento, menos para su rehabilitación. Determinando el incumplimiento de los programas y procesos de las personas privadas de la libertad en relación a la rehabilitación social constantes en el artículo ocho del código orgánico integral penal se pretende dar una visión sobre la realidad socio-jurídica de nuestro sistema penitenciario en general y particularmente sobre la realidad por la que atraviesan los reclusos que se encuentran prisioneros en los distintos centros de rehabilitación social.