Insertar en la ley organica de salud, la obligatoriedad de programas y servicios de reproducción asistida como política y garantía publica.

Abstract

La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. El artículo 32 de la Constitución de la República señala que el derecho a la salud estará vinculado a los derechos al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos. Específicamente el Art. 32 dice: “Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional”1. De esto se desprende que la salud como derecho está garantizada por el Estado y que responde a la interacción de otros derechos como el de la seguridad social, por lo que se hace necesario el análisis de esta institución y su prestación del servicio de salud desde una visión de derechos garantizados por el mismo Estado. Esta característica es más visible si se analiza el Título VII de la Constitución de la República que trata sobre el Régimen del Buen Vivir y que, dentro de la sección segunda del capítulo primero sobre inclusión y equidad trata sobre la salud y da directrices básicas para el sistema de atención pública de salud, de esta forma el Art. 358 específicamente dice: “Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional. Esto quiere decir que, el derecho a la salud dentro del esquema denominado buen vivir tiene varias aristas que permiten tener un discernimiento sobre la obligación que tiene todo el sistema de salud nacional y no solo la seguridad social para con las parejas infértiles que en último caso buscan que se garanticen y apliquen estos derechos. Por otro lado, los derechos sexuales y derechos reproductivos en la normativa constitucional están reconocidos desde la Constitución Ecuatoriana de 1998 estos reconocimientos marcan sin duda un antecedente histórico importante en la redefinición de los derechos humanos y su impacto en los diversos aspectos sociales de nuestro país, porque antes de este reconocimiento esta clase de derechos no estaban establecidos dentro del ámbito constitucional. La Autoridad Sanitaria Nacional o también llamado Ministerio de Salud Pública es la encargada respecto de la salud reproductiva de formular e implementar políticas y programas, en concordancia con la Ley Orgánica de Salud, que específicamente en el Capítulo II que trata sobre La Autoridad Sanitaria Nacional, sus competencias y responsabilidades, en implementar políticas, programas y acciones de promoción, prevención y atención integral de salud sexual y salud reproductiva de acuerdo al ciclo de vida que permitan la vigencia, respeto y goce de los derechos, tanto sexuales como reproductivos, y declarar la obligatoriedad de su atención en los términos y condiciones que la realidad epidemiológica nacional y local requiera; Esto quiere decir que el Ministerio de Salud como Autoridad Sanitaria tiene la obligación de efectivizar los derechos preestablecidos en la Constitución de la República y en instrumentos jurídicos internacionales en referencia a derecho a la salud reproductiva de la población ecuatoriana continuando con el análisis de la Ley Orgánica de Salud existe todo un capítulo dedicado a regular las acciones sobre salud sexual y reproductiva. Dentro de este Capítulo III denominado de la salud sexual y la salud reproductiva los artículos que más relación tienen con el tema de garantizar el servicio de técnicas de reproducción asistida y donde se podría basar la implementación de estas técnicas como mecanismos de garantía de derecho y efectividad de obligaciones que tiene el Estado son: “Art. 20.- Las políticas y programas de salud sexual y salud reproductiva garantizarán el acceso de hombres y mujeres, incluidos adolescentes, a acciones y servicios de salud que aseguren la equidad de género, con enfoque pluricultural, y contribuirán a erradicar conductas de riesgo, violencia, estigmatización y explotación de la sexualidad Esta norma deja expuesto que el acceso a este servicio como parte de una aplicación de derechos debe ser en condiciones de igualdad, buscando con ello que para la aplicación de mecanismos de reproducción asistida deben ser en un futuro propuestos en esta misma línea de respeto a los iguales. Pero el articulado que más cimienta la posición de la Ley Orgánica de Salud respecto de crear un ambiente para la elaboración de reglamentos y legislación sobre técnicas de reproducción asistida la encontramos en el Art. 23 que dice: “Art. 23.- Los programas y servicios de planificación familiar, garantizarán el derecho de hombres y mujeres para decidir de manera libre, voluntaria, responsable, autónoma, sin coerción, violencia ni discriminación sobre el número de hijos que puedan procrear, mantener y educar, en igualdad de condiciones, sin necesidad de consentimiento de terceras personas; así como a acceder a la información necesaria para ello. Como se advierte, si dentro de un servicio público no se brinda un mecanismo de aplicación para esta clase de derechos todo el entramado 4 LEY ORGÁNICA DE SALUD. Corporación de estudios y publicaciones. Quito. 2014. legal del país corre el riesgo de tener vicios legales como, por ejemplo, inseguridad jurídica. Por ello, no contar con un servicio de ayuda a parejas con problemas de reproducción dentro del sistema de salud nacional constituye una vulneración de estos derechos reproductivos, e implica un arduo trabajo dentro y fuera de la sociedad ecuatoriana por alcanzar una aplicación efectiva de garantías constitucionales y anclarlas dentro del sistema legal interno como, por ejemplo, dentro de las normas que rigen el sistema de salud pública o las leyes de seguridad social, para que finalmente sean una realidad en su aplicación. Cabe mencionar que en cuanto a la realidad social y jurídica de la temática, se debe señalar que es un derecho de toda pareja el formar familia, sin embargo este derecho se materializa en la elaboración o creación de una nueva vida de manera artificial, sin tomar en cuenta que este nuevo ser también tiene derechos, por lo que el Estado tiene la obligación de legislar y garantizar este derecho.