Necesidad de reformar las competencias y naturaleza jurídica de la agencia de regulación y control minero en la ley de minería del Ecuador.

Abstract

El presente trabajo de investigación jurídica ha sido desarrollado en el ámbito jurídico del derecho público, específicamente en las falencias que existen en la Ley de Minería, en lo referente a la Agencia de Regulación y Control Minero. La Agencia de Regulación y Control Minero es el organismo técnicoadministrativo, encargado del ejercicio de la potestad estatal de vigilancia, auditoría, intervención y control de las fases de la actividad minera que realicen la Empresa Nacional Minera, las empresas mixtas mineras, la iniciativa privada, la pequeña minería y minería artesanal y de sustento, de conformidad con las regulaciones de la Ley de Minería y sus reglamentos. El inciso segundo del artículo 8 de la Ley de Minería expresa en su parte pertinente que la Agencia de Regulación y Control Minero como institución de derecho público, tiene personalidad jurídica, autonomía administrativa, técnica, económica, financiera y patrimonio propio; sin embargo, está adscrita al Ministerio Sectorial que en este caso es el Ministerio de Minería. El objeto que pretende abordar la presente investigación jurídica tiene que ver con el establecimiento de una contradicción jurídica en el inciso previsto de la Ley de Minería; pues, al establecerse autonomía para que la Agencia de Regulación y Control Minero debe hacerse a plenitud sin limitar o condicionar su actuación con el Ministerio de Minería. Así mismo, la Agencia de Regulación y Control Minero, por su condición de ser un organismo de regulación y control debería estar adscrita a la Función de Transparencia y Control Social, puesto que esta función es la encargada de velar por la lucidez de las actuaciones de los organismos estatales. De acuerdo a lo establecido, es absolutamente lógico que la Agencia de Regulación y Control Minero, como organismo de control se encuentre adscrita la Función de Transparencia y Control Social, con el objeto de que sus acciones sean responsables, transparentes y equitativas, fomentando la participación del pueblo y desechando la corrupción.