Regulación de las sanciones en la ley orgánica de telecomunicaciones sobre las infracciones cometidas por personas no poseedoras de títulos habilitantes

Abstract

De acuerdo al Art. 261 numeral 10 de la Constitución de la República del Ecuador, el Estado Central tiene competencia exclusiva, la de controlar el espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y telecomunicaciones; puertos y aeropuertos; y de acuerdo al Art. 408 de la misma norma constitucional, determina que el espectro radioeléctrico es un recurso natural de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado. Estas normas le dan la competencia exclusiva del Estado de controlar el espectro radioeléctrico, con una variedad de servicios de telecomunicaciones, que se utiliza con la comunicación el desarrollo económico de un país. De acuerdo al Art. 1 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, ésta tiene por objeto desarrollar, el régimen general de telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico como sectores estratégicos del Estado que comprende las potestades de administración, regulación, control y gestión en todo el territorio nacional, bajo los principios y derechos constitucionalmente establecidos. Dentro de este contexto la legislación de telecomunicaciones lo define como un recurso limitado, con dominio público del Estado, que no se puede vender ni prescribir su dominio. Del Art. 116 al 120 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, establece las infracciones de primera, segunda, tercera y cuarta clase, existiendo una diferenciación de infractores de poseedores de títulos habilitantes como no poseedores de títulos habilitantes. Y de acuerdo al Art. 121 de la misma Ley, existe para cada infracción una sanción, pero aplicables a los poseedores de títulos habitantes cuando señala que se aplicarán las sanciones solamente para las y los prestadores de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, televisión y audio y vídeo por suscripción, entendido aquello que tienen títulos habilitantes, en la cual se ha omitido sanción exclusiva para las infracciones aplicables a personas naturales o jurídicas, no poseedoras de títulos habilitantes. La ARCOTEL como ente de regulaciones para la aplicación del régimen sancionatorio y para el ejercicio de la jurisdicción coactiva, y de acuerdo al Reglamento General a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que en su Art. 84 de forma ilegal e inconstitucionalmente impone sanciones a las infracciones de personas de títulos no habilitantes, cuando expresa que sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiere lugar, las sanciones a imponerse en el caso del cometimiento de infracciones aplicables a personas naturales o jurídicas no poseedoras de títulos habilitantes, serán las previstas en el artículo 122 de la Ley, toda vez que en dichos casos no puede obtenerse la información necesaria para determinar el monto de referencia, con lo cual se entiende la falta de norma para la imposición de la infracción de la ley de aquellas persona que no poseen títulos habilitantes. Si la ARCOTEL sanciona las infracciones a personas que no poseen títulos habilitantes en base al Reglamento General a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, es un hecho que afecta el debido proceso, porque un reglamento no puede estar por encima de una ley, este hecho va en contra de los señalado en el Art. 76 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador, que señala “Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento.”, con lo cual la ARCOTEL sanciona a estas infractores en base a un reglamento, contrario al orden jerárquico de normas, en que su tipificación y sanción debe estar establecido en la ley, para que en el reglamento se ejecute la norma, llendo en contra de los principios de supremacía constitucional que en el Art. 425 de la Constitución de la República del Ecuador, señala “El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos.”, lo que evidencia la carencia de eficacia jurídica al sancionar de acuerdo a un reglamento y no a la ley, que una norma jurídica es válida, equivale afirmar que ella existe como tal, y es obligatoria, y su obediencia por las personas, y que tienen el deber de aplicarla por los órganos jurisdiccionales o administrativos, de aplicación en sus consecuencias coactivas. Además, por lo que las actuaciones a las sanciones en base a ese reglamento, afecta la seguridad jurídica garantizada en el Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador, que las normas deben ser previas, claras y aplicables a las autoridades competentes.