Incorpórese al artículo 14, libro segundo, título v del código de la niñez y adolescencia, un inciso donde se justifique mensualmente la administración del bien económico por concepto de pensión alimenticia

Abstract

Actualmente en nuestra sociedad el vínculo familiar está tornándose frágil, producto de la ruptura afectiva entre los cónyuges o convivientes transformándose en un fenómeno relevante que tiene su repercusión tanto en lo social como en lo económico. Existen familias con un sólo progenitor que vela por sus hijos y que en su mayoría suelen ser las mujeres, como una forma de justicia retributiva la sociedad por intermedio de sus legistas ha pretendido distribuir bienestar entre los miembros de la familia fraccionada dando lugar al derecho de alimentos para los menores de edad, reclamado y administrado por el padre o madre que tiene su custodia. En donde uno de los padres es quien aporta esta pensión y el otro es el que está a cargo de los hijos y por tanto tiene la obligación de administrar esa pensión. Aunque la pensión es para los hijos, estos no tienen la capacidad física, legal y emocional de administrar. El progenitor que está a cargo de los hijos menores de edad siente la necesidad de acudir ante la Ley para reclamar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sin embargo al sentimiento de protección al menor de edad se suma también el deseo de destruir a el/la ex pareja y una de las herramientas que tienen en sus manos son aquellos menores de edad, por intermedio del que reclaman rubros poco racionales con los que pretenden alcanzar réditos económicos. Los reclamantes hacen suya la protección que brinda la Ley y en su equivoco intento por amparar y prever el bienestar del menor de edad, lo utilizan como pasaporte para su buen vivir. La protección de la niñez es un principio universal y así lo declaran los derechos humanos y los derechos consagrados en la Constitución de la República de Ecuador, a su vez en el Código de la Niñez y Adolescencia, que en su primer artículo referente a la definición dice: Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. Así también la Carta Magna en su Art. 69 señala: “Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia: 1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y el padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, hijas e hijos…..” Normas muy bien planteadas en pos del bienestar de niños, niñas y adolescentes, pero que no son completamente aplicados en el caso de aquellos niños que viven únicamente con uno de sus progenitores y que reciben pensiones alimenticias para su mejor desarrollo, debido a que no hay entes de regulación del uso de este dinero, dándose en muchos de los casos mala administración del mismo, por aquellas personas que no tienen consideración alguna con sus hijos, por lo que es apremiante buscar alternativas para frenar toda acción facilista o dispendiosa de las /os reclamantes e implementar un mecanismo de control que permita direccionar apropiadamente los recursos económicos recibidos del alimentante hacia el bienestar del alimentado. En el Código de la Niñez y Adolescencia, no se encuentra establecido que se dé una rendición de cuentas sobre cómo se está llevando la administración de las pensiones alimenticias, provocando de esa manera una inestabilidad para los niños que supuestamente se benefician con este recurso económico para tener una vida digna, pero que la realidad muchas de las veces puede ser otra y no se la puede evidenciar desde un punto de vista legal; es por ello mi propuesta de reforma para incorporar al artículo 14 del Libro Segundo del Título V del Código de la Niñez y Adolescencia, un inciso donde el progenitor o la persona que esté a cargo del menor y que reciba una pensión alimenticia superior a los quinientos dólares americanos, deba justificar mensualmente la administración del bien económico a través de facturas de gastos de: alimentación, vestimenta, pensión de la escuela, gastos médicos, entre otros gastos necesarios para el menor: En caso de que el progenitor o la persona que esté a cargo del menor durante el año no hayan podido justificar más de dos meses consecutivos el gasto por concepto de pensión alimenticia, la persona que presta alimentos podrá solicitar al juez la devolución del dinero no gastado en dichos meses.