Exigencia de renovación de garantías de fiel cumplimiento y buen uso de anticipo en obras terminadas con entrega recepción definitiva, real o presunta en la contratación pública

Abstract

La Ley exige en el momento suscripción de los contratos públicos, a los contratistas que otorguen las garantías que correspondan, siendo aquellas una relación extracontractual entre el Estado y una compañía de seguros que, dentro de su actividad contrata con un contratista, la adopción de un riesgo, siendo el Estado el beneficiario. El Art. 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, como garantías establece: 1. Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco o institución financiera establecidos en el país o por intermedio de ellos; 2. Fianza instrumentada en una póliza de seguros, incondicional e irrevocable, de cobro inmediato, emitida por una compañía de seguros establecida en el país; 3. Primera hipoteca de bienes raíces, siempre que el monto de la garantía no exceda del sesenta (60%) por ciento del valor del inmueble hipotecado, según el correspondiente avalúo catastral correspondiente; 4. Depósitos de bonos del Estado, de las municipalidades y de otras instituciones del Estado, certificaciones de la Tesorería General de la Nación, cédulas hipotecarias, bonos de prenda, Notas de crédito otorgadas por el Servicio de Rentas Internas, o valores fiduciarios que hayan sido calificados por el Directorio del Banco Central del Ecuador; y, 5. Certificados de depósito a plazo, emitidos por una institución financiera establecida en el país, endosados por valor en garantía a la orden de la Entidad Contratante y cuyo plazo de vigencia sea mayor al estimado para la ejecución del contrato.” Son tres las modalidades de garantías que establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que son: la garantía de fiel cumplimiento, que tiene como finalidad asegurar el cumplimiento oportuno y eficaz de las relaciones a favor de la entidad pública y de terceros; la garantía de buen uso y anticipo, éste debe ser otorgada por el contratista en caso de que por la naturaleza de la contratación o forma de pago, la entidad entregue un anticipo para el cumplimiento del contrato, con la finalidad de asegurar el 100 % de los fondos entregado por el Estado o sus entidades; y, la garantía técnica para ciertos bienes, que para ciertos contratos de adquisición, provisión o instalación de equipos, maquinarias o vehículos, tienen la finalidad de asegurar la calidad y buen funcionamiento. Es el caso que un contratista otorgue las garantías para la realización de la obra, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública prevé, en el Art. 77, que en los contratos de ejecución de obras, la garantía de fiel cumplimiento se devolverá al momento de la entrega recepción definitiva, real o presunta. En los demás contratos, las garantías se devolverán a la firma del acta recepción única o a lo estipulado en el contrato. Pero se da el caso que la institución del Estado no ha cancelado los valores por la terminación de contrato una vez que ya se entregue la obra terminada y se tenga el acta de recepción definitiva a lo que prescribe el contrato, y éste por la ausencia de planificación y de políticas de contratación pública ha derivado en discrecionalidad exigir al contratista que renove las garantías de fiel cumplimiento y buen uso de anticipo, trayendo un gran perjuicio al contratista, realizar este trámite hasta que el Estado pague sus obligaciones por la terminación del contrato, con lo cual va en contra de los derechos de estas personas, porque el Estado y las entidades públicas se atribuyen obligaciones que no están establecidas en la Ley, violando con ello el Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador, que "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución"