Reforma al artículo 71 de la ley orgánica del sistema nacional de contratación pública en relación a la imposición de multas debido al incumplimiento de entregas parciales en contratos de adquisición de bienes y servicios

Abstract

El presente trabajo pretende mostrar de manera práctica que el objetivo fundamental que persigue la creación del Estado es la satisfacción de las necesidades de la población que es finalmente a la cual representa, por ello la importancia de que la contratación pública exija a los contratistas que cumplan más allá de las meras obligaciones civiles que rigen cualquier tipo de contrato. Ese grado de responsabilidad implica para la administración pública la obligatoriedad de castigar cuando detecte el incumplimiento de obligaciones y responsabilidades de un proveedor; la imposición de sanciones de carácter pecuniario por parte de las entidades contratantes, si bien son una conjunción de potestades regladas y discrecionales que el ordenamiento jurídico confiere a la administración, deben ser impuestas dentro de la legalidad, razonabilidad, adoptando una debida proporcionalidad, equidad y trato justo. Por ello la entidad contratante debe aplicar el principio de proporcionalidad, cuestión que genera un gran impacto económico para el contratista como para la entidad contratante, por no considerar el trato justo y equidad. Dichos principios señalados son rectores de las actuaciones judiciales y administrativas, que pretende que el acto particular de la autoridad, resulte justa, por lo que sería inequitativo pretender aplicar la misma multa a un contratista que no entregó ninguno de los bienes que debía proveer y a otro que sí entrego parte de los bienes objeto del contrato, los cuales fueron recibidos a satisfacción por la entidad contratante, pues contraviene la proporcionalidad que constituye un principio básico en materia de sanciones. Este estudio busca determinar si se lleva a la práctica el principio de proporcionalidad dentro del margen de la contratación pública, es decir, en el marco jurídico se pretende demostrar por qué es trascendental garantizar el cumplimiento de un mandato legal.