Problemática jurídica del juzgamiento de los delitos de violencia psicológica establecida en el código orgánico integral penal, en relación a los principios constitucionales de mínima intervención, celeridad y economía procesal

Abstract

La Constitución de la República del Ecuador en el numeral 3 del artículo 66 garantiza a todas las personas el derecho a la integridad personal, es decir prohíbe todo tipo de torturas, tratos inhumanos y degradantes. En este sentido se juzga y sanciona los actos de violencia intrafamiliar, tales como violencia física, psicológica y sexual, tipificándolos en el actual Código Orgánico Integral Penal, los cuales anteriormente estaban regulados por la Ley 103 o Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia. Según la Norma Suprema, en el artículo 81, obliga a la ley penal a establecer procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar y sexual, y otros sectores vulnerables, por constituir la violencia contra la mujer, no solo afectación a sus derechos, sino un problema social, de seguridad ciudadana, de salud pública y de administración de justicia. Puedo observar que según lo dispone el Código Orgánico Integral Penal, para el juzgamiento de los delitos de violencia contra la mujer, deben tramitarse ante los Jueces de Garantías Penales, con procedimiento ordinario, que tiene cuatro fases, de las cuales solo la primera, que corresponde a la investigación previa, puede durar de uno a dos años (artículos 580 y 585, COIP). La fase de instrucción fiscal, la etapa de evaluación y preparatoria del juicio y la etapa del juicio, quedando las Unidades Judiciales de Violencia Contra la Mujer y la Familia facultadas únicamente para conocer lesiones que no superen tres días de incapacidad. En este sentido considero que el COIP, incumple con el principio de mínima intervención establecido en el artículo 3, que señala que la intervención penal constituye el último recurso, cuando no son suficientes los mecanismos extrapenales. Esto es completamente aplicable en el área de violencia intrafamiliar, ya que no todas las víctimas quieren ni pueden denunciar, y si lo hacen muchas veces no continúan con el proceso, debido a que su agresor es una persona cercana, de la que dependen afectiva y económicamente, y por ello debía haberse dado a la mujer opciones, para que todas tengan acceso a una justicia pronta y efectiva. Sin embargo, en la Disposición Derogatoria 23 del COIP se suprimen las partes fundamentales de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, llamada Ley 103, que establecía medidas preventivas y tenía carácter civil y penal, por el cual la violencia psicológica, cuando no era reincidente, podía atenderse con terapia al agresor u otras medidas no penales. De igual forma el hecho de haberse incluido la violencia psicológica contra la mujer como delito, no permite agilizar el procedimiento, pues si permanece como delito se vuelve necesaria la intervención de un fiscal y se sujeta a los plazos en los que una investigación previa podría superar el año, así como a las fases señaladas en el procedimiento ordinario. Por lo expuesto considero que la normativa relacionada al juzgamiento de los delitos de violencia intrafamiliar, especialmente la violencia psicológica, debe ser considerada como una contravención, en la cual se dé la aplicación inmediata de medidas de protección, así como una sanción oportuna. Estos grupos sociales reclaman que las boletas de auxilio, con la nueva ley, las que se emiten solo cuando un fiscal la solicite a un juez y este, a su vez, determine que existen méritos, lo que podría tomar días. Es lamentable que cuando más necesita protección la víctima se la obligue a llevar un largo proceso penal y sea un juez, previo informe del fiscal, el que emita medidas cautelares como la boleta de auxilio, por ende estimo que es necesario una reforma legal urgente, estableciéndola a la violencia psicológica como una contravención, cuya competencia radique en las Unidades Judiciales de Violencia Contra la Mujer y la Familia, a fin de tutelar el derecho a la integridad personal que tanto se pregona en la Carta Magna.