La revocatoria definitiva de la licencia de conducir y la vulnerabilidad del derecho al trabajo, en los delitos culposos de tránsito

Abstract

El Art. 376 del Código Orgánico Integral Penal, señala que la persona que conduzca un vehículo a motor en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan y ocasione un accidente de tránsito del que resulten muertas una o más personas, será sancionada con pena privativa de libertad de diez a doce años, revocatoria definitiva de la licencia para conducir vehículos. La revocatoria definitiva a la licencia de conducir, por este delito es una sanción perpetua, pues si el procesado y acusado ya pagó a la sociedad el delito culposo cometido con la prisión de hasta doce años, no hay fundamento jurídico para que el legislador haya establecido parcialmente en esta disposición una sanción perpetua, siendo desigual en su contexto, que afecta los derechos civiles del acusado, señaladas en el Art. 66 numeral 15 de la Constitución de la República del Ecuador, como es el derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad y ambiental; y, el señalado en el numeral 17 del Art. 66 de la misma norma constitucional, del derecho a la libertad de trabajo. Además, existe muchas personas que la licencia les sirve de sustento económico, y el hecho de ser condenado por un hecho culposo no implica que de por vida se le niegue el derecho a conducir un automotor después de cumplir con la pena impuesta por el tribunal o juez correspondiente. La revocatoria definitiva de la licencia de conducir es una sanción exclusiva señalada en el Art. 376 del Código Orgánico Integral Penal, por el delito de muerte causada por el conductor en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que la contengan, siendo la revocatoria definitiva una pena no privativa de la libertad, y en comparación a las señaladas en el Art. 60 del mismo cuerpo legal, no existe tal figura jurídica, y las penas encasilladas para los delitos de tránsito en cuanto a la licencia de conducir, tenemos la suspensión de la autorización o licencia para conducir cualquier tipo de vehículo y la pérdida de puntos en la licencia de conducir, siendo la revocatoria definitiva a la licencia de conducir una sanción que carece de legalidad jurídica. En este caso y al principio de legalidad, en fundamento al Art. 60 del Código Orgánico Integral Penal, que al no constar en esta disposición la revocatoria definitiva a la licencia de conducir, lo más conveniente es suspender el uso de la licencia por el mismo tiempo que dure la condena, además incumple la finalidad de la pena, que es entre otros el desarrollo progresivo de los derechos y capacidades dela persona con condena, y con la pena de revocatoria definitiva de la licencia se neutraliza a la persona como ser social. La revocatoria definitiva de la licencia de conducir para el caso de delitos culposos de tránsito, carecen de legalidad en la pena, como señala el Art. 53 del Código Orgánico Integral Penal, que no se impondrán penas más severas que las determinadas en los tipos penales de este Código. El tiempo de duración de la pena debe ser determinado. Quedan proscritas las penas indefinidas. Este hecho afecta el derecho al trabajo que tiene una persona y por lo tanto va en contra del Art. 11 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador, que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni las garantías constitucionales, afectando la seguridad jurídica garantizada en el Art. 82 de la norma constitucional que las normas deben ser claras, previas y aplicables a las autoridades competentes. Y de acuerdo al Art. 100 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, expresa que será revocada la licencia cuando sobrevengan impedimentos, que incapaciten física, mental o legalmente a sus titulares para conducir, carente en la ley de revocatoria definitiva, y fundamenta que aquello vulnera los derechos de las personas procesadas y sentenciadas.