Los Servicios Públicos En La Ley Orgánica De Defensa Del Consumidor

Abstract

Las empresas encargadas de la provisión de servicios públicos domiciliarios, sea directamente o en virtud de contratos de concesión, están obligadas a prestar servicios eficientes, de calidad, oportunos, continuos y permanentes a precios justos, incluso reponer daños o indemnizar a los usuarios en caso de que el servicio sea deficiente, algo que no se viene cumpliendo por parte de las empresas que brindan servicios públicos, generando insatisfacción y desconfianza en los usuarios; servicios como: internet, televisión satelital, instalaciones sanitarias, acometidas de luz entre otros, son requeridos permanentemente por la población que paga un valor mensual por el consumo y que debe ser informada de sus derechos y obligaciones, por las mismas empresas que dan el servicio tal como lo establece la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Las condiciones, obligaciones, modificaciones y derechos de las partes en la contratación del servicio público domiciliario, deben ser cabalmente conocidas por ellas en virtud de la celebración de un instrumento escrito. Sin perjuicio de dicho instrumento, los proveedores de servicios públicos domiciliarios deben mantener dicha información a disposición permanente de los consumidores en las oficinas de atención al público; algo que tampoco se viene haciendo. El consumidor tiene el derecho de ser oportuna y verazmente informado sobre la existencia o no de seguros de prestación del servicio, cobertura y demás condiciones. En caso de seguros de vida, su monto nunca podrá ser menor al establecido en el Código del Trabajo. Sin perjuicio de la cobertura que los seguros accesorios den para el caso de muerte o perjuicio a la salud del consumidor, la empresa proveedora de servicios públicos domiciliarios, debe ser responsable de indemnizar por los daños causados a los consumidores por negligencia o mala calidad en la prestación de dichos servicios. Las empresas proveedoras de servicios públicos domiciliarios están en la obligación de otorgar un trato recíproco a los consumidores, aplicando en lo referente a reintegros y devoluciones, los mismos criterios que se utilicen para los recargos por mora en el pago del servicio. Además las empresas deben contar con una oficina y un registro de reclamaciones en donde constarán las presentadas por los consumidores. Dichos reclamos deberán ser subsanados dentro de un plazo justo. Los consumidores de servicios públicos que se prestan a domicilio y requieren instalaciones específicas, deben ser convenientemente informados sobre las condiciones de seguridad de las instalaciones y de los artefactos. En el caso de no cumplirse las autoridades pertinentes como la Defensoría está facultada para intervenir de oficio, o a petición de parte interesada, en la verificación del buen funcionamiento de los instrumentos de medición de energía, combustible, comunicaciones, agua potable, o cualquier otro similar, cuando existan dudas sobre las lecturas efectuadas por las empresas proveedoras del servicio. Tanto los instrumentos como las unidades de medición deberán ser legalmente reconocidos y autorizados. Las empresas proveedoras del servicio deben garantizar al consumidor el control individual de los consumos. Las facturas deben ser entregadas al usuario con no menos de diez días de anticipación a su vencimiento. En las planillas emitidas por las empresas proveedoras de los servicios públicos domiciliarios, debería constar exclusivamente el valor del consumo respectivo, más los recargos legales pertinentes y cobros adicionales establecidos expresamente por leyes y ordenanzas. Algo que regularmente no se hace y por ello el usuario desconoce de que está pagando. No se debería incluir en dichas planillas rubros adicionales a los señalados. Es un derecho del consumidor el conocer el valor exacto que debe cancelar por concepto de consumo y recargos legales adicionales, por tanto el planillaje en base de sistemas diferentes a la medición directa, tales como valores presuntivos o estimativos, con excepción del sector rural que no disponga de instrumentos de medición, debería ser sancionado por las autoridades