EL PROCEDIMIENTO DIRECTO Y LA INSTITUCIÓN JURÍDICA DE LA CONCILIACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN PROCESAL PENAL, FRENTE AL RÉGIMEN DEL DEBIDO PROCESO

Abstract

Nuestro país, por mandato constitucional es considerado un “Estado Constitucional de Derechos”, es decir, es la fuente de derechos que poseen las personas naturales o jurídicas en el Ecuador, donde el Estado es garante de estos derechos, cual por intermedio de sus garantías normativas, jurisdiccionales y de políticas públicas permite el efectivo cumplimiento de estos. De allí que nuestra Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, de imperativo cumplimiento, de tal forma que todas las normas que expida la Asamblea Nacional deben mantener uniformidad con esta, caso contrario, carecerán de eficacia jurídica. El Código Orgánico Integral Penal (en adelante COIP), ha sido elaborado y expedido unificando leyes punitivas y procedimentales penales en un solo cuerpo legal, que anteriormente se encontraban dispersas en el ordenamiento jurídico Ecuatoriano. En este nuevo cuerpo legal, se han implementado nuevos tipos penales, instituciones jurídicas y procedimientos con los cuales permiten que se alcance la tan anhelada justicia, y dentro de estas nuevas implementaciones tenemos “El Procedimiento Directo”, cual es objeto de análisis en la presente investigación. El Procedimiento Directo, previsto en el artículo 640 del COIP, se caracteriza por reunir todas las etapas del proceso en una sola audiencia, resolviendo la situación jurídica del procesado en diez días; pues, para su procedencia esnecesario que se cumplan ciertos requisitos: a) Que se trate de un delito de carácter flagrante; b) Que la sanción no exceda de 5 años de privación de libertad; y, c) Que el monto del delito contra la propiedad no exceda de 30 salarios básicos unificados el trabajador en general. Es el Juez de Garantías Penales (Unidades Judiciales Penales) el encargado de sustanciar tal procedimiento, filtro de legalidad y velar por el estricto cumplimiento del Debido Proceso. Una vez producido el hecho delictivo, el mentado Juez califica la flagrancia dentro de las veinticuatro horas, verifica la legalidad de la aprehensión y formula cargos contra el presunto infractor, expresará que tal incidente se sustancie por el Procedimiento Directo, indicando que en diez días se llevará a efecto la audiencia de juicio directo donde se debe resolver la situación jurídica del procesado, previniendo a los sujetos procésale que hasta tres días antes de la referida audiencia, deben anunciar las respectivas pruebas por escrito. En el trascurso de la investigación abordaremos que el mentado procedimiento impide preparar una adecuada defensa, por el escaso tiempo, y por consecuencia el plazo de tres días antes de la audiencia de juicio para anunciar prueba obstruye a administrar justicia de manera proba, contrario a los mandatos constitucionales del Debido Proceso, y como el derecho procedimental penal es de carácter público, dentro de un régimen positivista, no se puede anunciar prueba el día ocho, mucho menos el día nueve, y al hablar de “plazos”, corren hasta los días sábados y domingo, días perdidos, coartando el derecho a realizar una defensa técnica, por el escaso tiempo; además omitiendo poder PRESENTAR prueba a última hora, es decir, la que no ha sido anunciada o incorporada oportunamente (Art. 617 del COIP), dando como resultado que en tal procedimiento existen Inconstitucionalidades e incongruencias. Por otro lado nos referimos a la Conciliación y su aplicación en el procedimiento directo, como mecanismo encargado de hacer efectiva una justicia restaurativa, de tal forma que el someter al procesado en el procedimiento directo no adquiera solamente celeridad y simplificación del trámite judicial, sino, que entre los sujetos procesales (victima-victimario), permita un acercamiento, dialogo y avenencia sobre el hecho delictivo suscitado y por ende resarcir a la víctima de los daños causados, conforme lo ordena la carta suprema. Para tal efecto consideramos que las partes involucradas (victima-victimario) deben presentar de manera conjunta su pedido de conciliación ante la o el fiscal encargado de la causa, para que este verifique la pertinencia, e inmediatamente presente su pedido motivado al Juez de Garantías Penales para que mediante audiencia o en la misma audiencia de juicio directo resuelva y constate el cumplimiento de tal acuerdo, respetando el plazo y reglas previstas en este procedimiento, sin que ello figure suspensión del procedimiento directo, ya que de serlo así rompería su naturaleza. En el desarrollo de nuestra investigación, demostraré el cumplimiento de nuestra hipótesis, mediante el empleo de métodos y técnicas, a fin de poder llegar a establecer las conclusiones y recomendaciones, así como la propuesta jurídica.