Modelo Garantista Sustento de la Política Criminal en el Paradigma del Estado Constitucional de Derechos y Justicia

Abstract

En el presente trabajo de tesis se ha realizado un análisis doctrinario sobre la política criminal implementada en nuestro país por ser un Estado Constitucional de Derechos y Justicia; por lo tanto, el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanos garantizados en la Constitución de la República del Ecuador, además se deberán implementar las políticas tendientes a prevenir la criminalidad en nuestra nación tal como lo prescribe la carta fundamental que nos ampara esto es en el artículo 393. Respetando sobre todo el pacto del que es parte nuestro país como la declaración de los Derechos Humanos que consagra en el artículo 11 el debido trato justo al acusado, sancionado y sentenciado, en consecuencia se debe venerar lo que promulga la Constitución vigente de nuestro país en el artículo 76 de las garantías del debido proceso. Al encontrarnos en un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, nos convertimos en un Estado Garantista de los principios fundamentales de las personas que son acusadas, juzgadas, sancionadas, o las que se encuentran en un centro de rehabilitación social, sea como medida cautelar de privación de libertad o que ya tenga una sentencia ejecutoriada, es por ello, que, debe ser apreciado en una política criminal establecida por el Estado ecuatoriano. 3 Las políticas criminales implementadas en América Latina y específicamente las que se ejecutan en nuestro país han tomado un rumbo represivo que conlleva a una criminalización sin medidas de prevención. Se debe precisar que no existen soluciones asombrosas a un problema social que deviene con la creación de la sociedad que contiene un componente estructural que debe ser combatido de manera integral, estructurando una política criminal sólida que se desarrolle en el espacio democrático del Estado Constitucional de Derechos y Justicia. Para ello, con el estudio doctrinario de la política criminal se ha analizado a escritores como: Jaramillo Ordoñez Herman, Juárez Bribiesca Armando, Medina Ramírez Marco Antonio, Riveras Beiras Iñaki, Eugenio Zaffaroni, Robert Alexy, Laura Zuñiga Rodriguez del libro política criminal, Claus Roxin del libro problemas fundamentales de la política criminal y derecho penal en su capítulo problemas actuales de la política criminal, Juan Bustos Ramírez del libro Política Criminal y Estado, dejando como resultado que la privación de la libertad en un medio del poder sancionador del Estado que busca disuadir al delincuente. Con el incremento de seres humanos en las cárceles no se ha cumplido con el objetivo de disminuir la criminalidad, sino más bien incrementa el índice de personas que son proclives a cometer delitos, porque el encierro en nuestro país no cumple con los estándares internacionales de tratamiento 4 penitenciario, volviéndose en centros de perfeccionamiento delincuencial, para personas que, por el cometimiento de delitos no graves como por ejemplo: robo de un celular, están propensos a convivir con personas que cometen delitos mucho más graves, quienes si deberían estar dentro de un centro de privación de libertad, debido a que el encierro que una persona se debe discurrir que sea el sancionado de extrema peligrosidad para la seguridad de la sociedad. Para el desarrollo del presente trabajo de investigación socio-jurídico, se ha utilizado en primer lugar en el método científico, camino adecuado que ha ayudado a llegar al conocimiento pertinente de la problemática referente a la política criminal sustento del modelo garantista en el paradigma de Estado Constitucional de Derechos y Justicia, puesto que ésta parte de la observación de un hecho o fenómeno de la realidad objetiva, en este caso la insuficiencia de la práctica de implementación de una política criminal de carácter preventivo y no sea netamente castigadora, para que las cárceles del país no se encuentren llenas y provoquen hacinamiento carcelario, sino más bien se encuentren solo las personas de extrema peligrosidad que pese a habérsela tratado de rehabilitar, no se ha cumplido con dicho fin. Como el centro concreto de estudio y de investigación, que mediante el uso de las funciones superiores de la personalidad se ha podido llegar a obtener la verdad acerca de una problemática determinada.Haciendo uso del método empírico, con el producto del resultado de la experiencia, basándome en la observación de los hechos, acontecimientos y en la práctica concreta, se ha podido verificar con datos tomados de criterios oportunos y pertinentes, lo referente a los objetivos, tanto general como específicos; y, a la contratación de hipótesis. Con criterios formados de profesionales del derecho que al ser encuestados manifiestan que la política criminal que debe implementarse en nuestro país debe tener relación con el control social, es decir que nazca desde el Estado como mecanismo preventivo de la criminalidad en una correcta implementación del control social, y que este, pese a ser de carácter punitivo todavía resulta insuficiente para frenar la criminalidad. Con estos resultados nos permiten inferir sin temor a equivocarnos la inclinación conceptual y doctrinaria de los profesionales del derecho de que la política criminal debe constituir control social, de carácter formal ubicándose imperceptiblemente en la corriente punitiva del derecho.