Necesidad de reformar el art. 640 del código orgánico integral penal al ser improcedente por la falta de acusación fiscal

Abstract

El nuevo Código Orgánico Integral Penal, introduce en la legislación ecuatoriana un sinnúmero de nuevas figuras jurídicas en este campo del derecho, resultan algunas de ellas en realidad novedosas y de importancia para la celeridad y agilidad en los procesos penales que se ventilan en las diferentes Fiscalías y Juzgados, del país, en lo que a mi meta de investigación se refiere, me adentraré al estudio crítico de lo que refiere al procedimiento directo aplicable en los delitos flagrantes. En el Ecuador desde hace ya varios años, se ha implementado el sistema acusatorio, y es por ello, que el Art. 195 de la Constitución de la República, se dispone que el Fiscal dirigirá la investigación pre procesal y procesal penal; que de hallar mérito acusará a los presuntos infractores, ante el órgano jurisdiccional competente, por su parte el Código Orgánico Integral Penal, señala que si no hay acusación fiscal no hay juicio; es por ello, que el fiscal al ser titular de la acción pública, y cumpliendo su función de forma objetiva, al contar con los elementos de convicción suficientes formulará en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio su acusación que conforme reza en la Ley esta debe cumplir varios requisitos, es decir se constituye en una solemnidad procedimental sin el cual se estaría violando las normas básicas del debido proceso, ya que los jueces se estarían atribuyendo funciones que no les compete. Si bien el procedimiento directo concentra todas las etapas del juicio en una sola, pasando de la calificación de la flagrancia a una audiencia directa de juicio y sin dejar espacio para que exista el pronunciamiento de la Fiscalía y la posibilidad de que el procesado discrepe con esa decisión, así como la falta de negar la oportunidad a las partes procesales para realizar alegaciones sobre vicios de procedibilidad, prejudicialidad, procedimiento y competencia, así como de legitimidad de las pruebas, degradan el principio constitucional a la defensa del procesado. Por consiguiente el procedimiento directo se convierte en un trámite inconstitucional y violatorio a varios principios constitucionales y legales que restringen la aplicación y desarrollo de los mismos constituyéndose en inaplicable. Lo brevemente expuesto devela que la aplicación de este procedimiento, genera a todas luces inseguridad jurídica, lo cual demuestra el problema jurídico planteado para la investigación, dado que el órgano jurisdiccional acata una disposición aprobada y puesta en vigencia por el legislador, pero sin tomar en cuenta las consecuencias legales que esto genera al sancionar con toda la celeridad del caso a delitos leves de menor gravedad que otros como son los que conllevan una pena privativa de la libertad menor a cinco años, frente a delitos que incluso son sancionados con penas que superan los 40 años de privación de la libertad, lo que resulta desproporcional, ilegal e injusto ante los ojos de la sociedad.