Reforma al artículo 202 delito de “Receptación” del código orgánico integral penal por determinar la inconstitucionalidad relacionada al estado jurídico de inocencia

Abstract

A partir de la promulgación de la Constitución de la República del Ecuador, en el Registro Oficial N° 449, el 20 de octubre del 2008, nuestro país se encuentra definido como un Estado Constitucional, de derechos y Justicia. De lo enunciado se entiende que dentro de la Carta Suprema de nuestra República, se encuentran plasmados muy acertadamente principios, derechos y garantías que delimitan el buen desarrollo de la colectividad. Iniciaré enunciando que entre las garantías fundamentales que contempla la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el artículo 8.2 establece el principio de presunción de inocencia que al igual que nuestra actual Constitución de la República del Ecuador, basada en el capítulo octavo, los derechos de protección sobre las garantías básicas del derecho al debido proceso, en su artículo 76 numeral 2 estipula: “Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada”1 El principio de inocencia tiene como efecto el derecho del imputado de considerado y tratado como inocente y el deber de los demás habitantes y del Estado de respetar y no vulnerar de ningún modo ese estado mediante expresiones o resoluciones que lo consideren prematuramente culpable. Es así que este principio no determina la inocencia del imputado con significado real por el mismo hecho de haberse iniciado el proceso en su contra, sino la imposición constitucional de garantizarle su estado y su situación jurídica de inocente. Inclusive, nuestra Constitución de la República del Ecuador, determina que se desvanecerá dicho estatus no con el mero hecho de tener una sentencia condenatoria, en virtud del derecho del recurrir al fallo, que tine todo imputado en una causa penal, sobre una resolución que se considere desfavorable, sino que deberá existir sentencia firme o ejecutoriada para poder perder dicha garantía. El 10 de febrero del 2014 se promulgo mediante Registro Oficial número 180 el Código Orgánico Integral Penal, el mismo que después de su “Vacatio legis” 1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, título II, publicada octubre del 2008 entró en vigencia el 10 agosto del 2014, cuerpo legal que como su nombre expresa integaría y derogaría toda ley que verse sobre conductas humanas que lesionen bienes jurídicos de terceros, y establezcan sanciones penales. Así un ejemplo la ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas relacionada a los delitos de drogas. En base a mi tema de investigación se tratará sobre el artículo 202 de Código Orgánico Integral Penal, “COIP” que respecto al Delito de Receptación, afirma: La persona que oculte, custodie, guarde, transporte, venda o transfiera la tenencia, en todo o en parte, de bienes muebles, cosas o semovientes conociendo que son producto de hurto, robo o abigeato o sin contar con los documentos o contratos que JUSTIFIQUEN su titularidad o tenencia, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años. Si por omisión del deber de diligencia no se ha asegurado de que las o los otorgantes de dichos documentos o contratos son personas cuyos datos de identificación o ubicación es posible establecer, será sancionada con pena privativa de libertad dos a seis meses.2 Tipo penal que de su simple lectura determina la obligatoriedad de justificar la titularidad o tenencia de bienes muebles, cosas o semimovientes, es decir, demostrar la procedencia legal de los mismos, siendo esta determinación probatoria al imputado en causa penal, con lo que la carga procesal, se revertiría hacia el inocente. Por otro lado dentro del artículo 195 de la Constitución nos indica “La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal” 3 2 COIP, Título II, publicada febrero del 2104 3 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, título IV, publicada octubre del 2008 Indicándonos que el ejercicio de la acción penal corresponderá al Estado, a través de su órgano oficial como lo es la Fiscalía, encargada de romper con la presunción de inocencia. En la actualidad el problema radica en la vulneración del principio de estado de inocencia los principios del estado de inocencia, específicamente en la distribución de la carga probatoria en el proceso penal (elemento derivado de aquel principio), ya que la Fiscalía es la que lleva a su cargo la investigación, persecución y esclarecimiento de los delitos mas no el imputado, este no tiene que demostrar su inocencia ya que previo es constitucionalmente considerado así, lo que no sucede con el artículo tema de reforma, al indicar que tiene que Justificar con documentos la tenencia de un bien. La Constitución de la República del Ecuador en su Art.44 establece: “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas” Es decir este grupo tendrá derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. De igual manera, la Constitución de la República en su Art. 76 de la Constitución de la República prevé que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: “Numeral 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. Numeral 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: Literal c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.” Así mismo el Art.82 dispone que “el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.” Estado tomará las medidas apropiadas para asegurar, la vigencia efectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes e incluso, de ser necesario garantizar su exigibilidad judicialmente, para lo cual existirá un sistema de administración de justicia especializada que atienda los requerimientos de este sector de la población de manera preferente, oportuna y eficaz. Mientras que el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su Art.134 determina “ Con la calificación de la demanda el Juez/a fijará una pensión provisional de a acuerdo a la tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas que con base a los criterios previstos en la presente Ley, elaborará el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, sin perjuicio de que la audiencia, el Juez/a tenga en cuenta el acuerdo de las partes, que en ningún caso podrá ser inferior a lo establecido en la mencionada tabla.” De ahí que este cuerpo legal, busca precautelar el principio de interés superior del niño, niña y adolescente; sin embargo es necesario que dicho principio no menoscabe otros derechos como el derecho a la defensa, el principio de contradicción, etc. Pero, lamentablemente, tal menoscabo ha venido suscitándose de manera frecuente en el caso de los juicios de alimentos, ya que las normas previstas en el cuerpo legal antes indicado, son utilizadas de manera mal intencionada por ciertas personas que por descuido o por mala fe presentan la demanda de alimentos y una vez aceptada a trámite y fijada la pensión provisional, dejan paralizada la acción sin citar al demandado permitiendo que dicha pensión provisional se acumule por meses y hasta años, llegando a ser una suma muchas veces impagable por el accionado, hecho que sin duda genera indefensión en su contra. Por esto la necesidad de realizar una investigación científica, para determinar el vacío jurídico en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, por cuanto ocasiona graves transgresiones a los derechos del alimentante y perjuicios económicos y morales