Necesidad de reformar el art. 121 del código civil ecuatoriano por cuanto vulnera el principio de celeridad procesal en los juicios de divorcio, cuando existe allanamiento a la demanda

Abstract

Durante años se ha venido alejando y dejando sin efecto la práctica del allanamiento a la demanda en los juicios de divorcio controvertido, por lo que de nada sirve allanarse a las pretensiones que señala en la demanda, por parte de la actora o actor en contra de la demandada o demandado, ya que en la práctica diaria nuestros jueces se guían por el principio de legalidad procesal. Es por eso que la presente investigación de categoría de tesis, hace alusión al Código Civil ecuatoriano sobre los juicios de divorcio controvertido en donde señala que se abra la causa a prueba sin tomar en consideración el allanamiento de la parte demandada. Por lo que la Constitución de la República del Ecuador, en el art. 169, refiere que: “El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará a la justicia por la sola omisión de formalidades”. El art. 75 del mismo cuerpo legal señala que: “Toda persona tiene el derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.”. Además el art. 82 de la Carta Magna dice: “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de las normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”. 3 También el art. 172 ibídem expresa: “Las juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley. Las servidoras y servidores judiciales, que incluyen a juezas y jueces, y los otros operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia, en los procesos de administración de justicia. Las juezas y jueces serán responsables por el perjuicio que se cause a las partes por retardo, negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la ley.”. El art. 121 del Código Civil Ecuatoriano determina que: “En los juicios de divorcio, a excepción de los de mutuo consentimiento, se abrirá la causa a prueba, no obstante el allanamiento de la parte demandada”. El matrimonio es la base fundamental de la familia, que se forma de la unión de un hombre y una mujer con el fin de ayudarse, respetarse y continuar con la procreación de la vida humana, respetando nuestra legislación. Así como nace el matrimonio tiene que terminar y esto es con el divorcio que no es otra cosa la separación de los cónyuges, los mismos que optan por la vía de divorcio consensual o por la otra que es la de divorcio controvertido, esta última es en donde existe largos periodos para obtener el divorcio; a pesar de que el demandado se allane a las pretensiones de la demanda, invocada por la actora o actor, por lo que se viola el principio de celeridad procesal, el de economía procesal, pudiendo evitar y no abrir obligatoriamente el termino de prueba dando prioridad al principio de legalidad, ya que no sería necesario por lo que ambas partes ambiguamente lo han consensuado en dar termino al matrimonio.