La prisión preventiva en el Ecuador y la necesidad de eliminar el capítulo cuarto del libro tercero del código de procedimiento penal

Abstract

El Art. 77 de la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 77, manda que la prisión preventiva sea una medida excepcional, por eso en el final del numeral uno del mandato citado señala: "La jueza o Juez siempre podrá ordenar medidas cautelares distintas a la de la prisión preventiva". Y en el inciso segundo del numeral 14 se manda: "Quien haya detenido a una persona con violación de estas normas será sancionado. La Ley establecerá sanciones penales y administrativas por la detención arbitraria que se produzca en uso excesivo de la fuerza policial, en aplicación o interpretación abusiva de contravenciones u otras normas, o por motivos discriminatorios". La libertad individual garantizada constitucionalmente, encuentra su limitación en la figura de la prisión preventiva cuya finalidad, no está en sancionar el procesado por la comisión de un delito, pues está visto que tal responsabilidad sólo surge con la sentencia condenatoria, sino en la necesidad de garantizar la comparecencia del imputado al proceso o para asegurar el incumplimiento de la pena. Desde la perspectiva constitucional y legal se contempla el derecho de todos a no ser privados de la libertad sino en la forma y en los casos previstos en la Ley, de donde surge que la definición previa de los motivos que pueden dar lugar a la privación de la libertad es una expresión del principio de legalidad, con arreglo al cual es el constituyente, mediante la ley, el llamado a señalar las hipótesis en que tal privación es jurídicamente viable. De ahí que en nuestro ordenamiento jurídico existen múltiples controles judiciales materiales y las acciones de la autoridad y que se regula en el Habeas Corpus y la Acción de Protección cuando se vulnera o amenaza el derecho fundamental de la libertad personal, en este caso se busca que el Juez defienda un componente del orden constitucional. El Derecho Penal pretende un fin preventivo que se aplica al margen de la pena, pero que funciona mediante un sistema de medidas cautelares y que de manera general a la libertad personal y a los bienes, las que operan bajo un conjunto de condiciones que justifican la imposición de la medida, en una especie de reacción estatal frente a la posible comisión de un delito, como un principio de intervención mínima coercitiva frente a ataques de peligrosidad social, ciertamente como tarea de defensa de la sociedad. La libertad individual garantizada constitucionalmente, encuentra su limitación en la figura de la prisión preventiva cuya finalidad, no está en sancionar al procesado por la comisión de un delito, pues está visto que tal responsabilidad sólo surge con la sentencia condenatoria, sino en la necesidad de garantizar la comparecencia del imputado al proceso o para asegurar el cumplimiento de la pena, así lo dispone el numeral 1 del Art. 77 de la Constitución de la República, por lo que el derecho de la libertad personal, no obstante ser reconocido como elemento básico y Estructura del Estado Constitucional de Derechos y Justicia, no alcanza dentro del mismo ordenamiento jurídico un carácter absoluto.