“En el proceso civil ecuatoriano se debe permitir la intervención de los menores de edad como parte en los procesos judiciales en los que tenga interes como alimentos, divorcio, investigación de paternidad, por lo que se debe reformar el código de procedimiento civil”

Abstract

Constitucionalmente está determinado el acceso a la justicia y a las posibilidades de las personas, sin distinción de sexo, raza, edad, identidad sexual, ideología política, creencias religiosas, de obtener una respuesta satisfactoria a sus necesidades jurídicas y judiciales. Así el acceso a la justicia constituye un presupuesto material para la exigibilidad de derechos y en particular para asegurar el derecho fundamental a la justicia, en tanto, el acceso a la justicia debe traducirse en la eliminación de barreras, entendidas como cualquier forma de discriminación, especialmente la discriminación por razones de edad, sexo, género, etnia o identidad cultural y orientarse hacia la promoción y protección de los derechos humanos y el respeto a la diversidad, contribuyendo así al fortalecimiento democrático. La Política Institucional del Poder Judicial dirigida al acceso efectivo a la justicia de niños, niñas y adolescentes, establece las estipulaciones que guían a los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial del Ecuador para hacer realidad el acceso a la justicia en los servicios que presta a la población menor de edad, mediante esta política el Poder Judicial da cumplimiento a la normativa internacional que protege los derechos de las personas menores de edad e implementa las relación con el derecho de acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, a la cual los menores pueden hacerlo, sin éstas no están representada por un curador, personalmente sus opiniones o sugerencias no son tomadas en cuenta por los jueces. La jurisdicción que abarca políticas como: niñez y adolescencia, familia, violencia doméstica, pensiones alimentarias, laboral, civil, y todos aquellos casos en donde las personas menores de edad resulten víctimas, pero en el caso del divorcio de sus padres u otros en los que tenga relación con sus intereses no pueden ser parte de los procesos como existen en otras legislaciones. La Política está dirigida y requiere para su implementación del involucramiento de todo funcionario o funcionaria que conforma el Poder Judicial, así como de aquellos otros que tienen relación con gestiones o actuaciones de personas menores de edad ante la instancia judicial: abogados y abogadas, organizaciones de la sociedad civil, otras instituciones que tienen relación con la Infancia, esta política y su plan de acción deberán ejecutarse responsablemente por todos los funcionarios y funcionarias y no solamente por quienes usualmente atienden casos relacionados con derechos de personas menores de edad, pero para ello es necesario que exista una norma en la cual se guiarán partes en conflicto y quienes que tengan que resolver los casos de esta materia. La Justicia para los niños, niñas y adolescentes debe ser un sistema nacional de protección integral de las organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y niños, niñas y adolescentes usuarios que deben dar los operadores del sistema judicial, a los proceso en que está de por medio un niño, una niña un adolescente, para hacer realidad el acceso a la justicia en los servicios que se brindan con directrices específicas, la política se aplica a todas las jurisdicciones, en aquellos procesos en los que intervengan personas menores de edad, Es sabido que la efectividad del ejercicio de un derecho depende, en primer término, de su conocimiento de tal forma se convierte en un compromiso impostergable con un doble propósito que los operadores y operadoras del sistema la conozcan y apliquen, ya que sus destinatarios se apropien de ella para reclamar y exigir sus derechos, los que por el momento no pueden hacerse efectivos en razón que no existe en forma específica el Código de la Niñez y Adolescencia y Código Civil, en ninguno de los dos disposiciones en la que los menores pueden ser parte de los procesos que se relacionen con sus derechos personales y legales.