Reforma al art. 18 de la ley orgánica de comunicación para garantizar la autonomía e independencia de los medios de comunicación en los casos de censura previa

Abstract

La problemática jurídica materia de la presente investigación se orienta al análisis legal del régimen legal contenido en la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 22 de fecha 25 de junio de 2013 de conformidad con su art. 1 tiene por objeto desarrollar,proteger y regular, en el ámbito administrativo el ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos constitucionalmente. La referida ley en el proceso de discusión, debate y socialización entre los diferentes medios de comunicación y los diferentes sectores de la comunidad nacional y previo a su aprobación fue objeto de críticas, cuestionamientos y observaciones de diferente naturaleza, siendo que el acto normativo en mención proponía un sistema de control de todas las actividades de comunicación pública y privadas en el Ecuador, encontrándose de por medio, la regulación de uno de los derechos civiles y actualmente de acuerdo a nuestra Constitución vigente uno de los derechos de libertad más trascendental como en efecto lo es el de la libertad de expresión y de pensamiento: Art. 6. Se reconoce y garantiza a las personas: (…) “El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones.(…)” Una de las disposiciones que causa controversia y que incluso ha sido la pauta para que se impongan sanciones a medios de comunicación por no difundir noticias sobre hechos denominados de “interés público”, calificando dichas omisiones como actos de censura previa, es la contenida en el art. 18 que a continuación transcribo: “Art. 18.- Prohibición de censura previa.- Queda prohibida la censura previa por parte de una autoridad, funcionario público, accionista, socio, anunciante o cualquier otra persona que en ejercicio de sus funciones o en su calidad revise, apruebe o desapruebe los contenidos previos a su difusión a través de cualquier medio de comunicación, a fin de obtener de forma ilegítima un beneficio propio, favorecer a una tercera persona y/o perjudicar a un tercero. Los medios de comunicación tienen el deber de cubrir y difundir los hechos de interés público. La omisión deliberada y recurrente de la difusión de temas de interés público constituye un acto de censura previa.” Ante esta problemática y ante los efectos derivados de la imposición para que un medio de comunicación publique la información oficial del gobierno, resulta importante sustentar y demostrar la existencia de los conflictos de orden normativo y proponer alternativas de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación para precautelar efectivamente el derecho a la libertad de comunicación.