La inestabilidad laboral de los servidores públicos ecuatorianos a consecuencia del decreto ejecutivo 813.

Abstract

La realización de este trabajo de investigación lo enfoco, hacia la vulneración de los derechos laborales de los servidores públicos; que se encuentran amparados dentro de nuestra Constitución de la República del Ecuador en el Art. 229 sobre los derechos de los servidores públicos especialmente en el inciso segundo parte primera en donde manifiesta que: “Los derechos de las servidoras y servidores públicos son IRRENUNCIABLES.” Pero el Decreto Ejecutivo N° 813 contraviene y viola este derecho establecido en el artículo innumerado… (108.1), del Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público, en donde manifiesta: “Cesación de funciones por compra de renuncias con indemnización.- las Instituciones del Estado podrán establecer planes de compra OBLIGATORIA con indemnización conforme a lo determinado con la letra k) del Art. 47 de la LOSEP debidamente presupuestado, en virtud de procesos de reestructuración, optimización o racionalización de las mismas”. Reviso también lo establecido en el Art. 47 de la LOSEP en su literal k) que manifiesta: “por compra de renuncia con indemnización”; no dice que es obligatoria, a lo que se entiende es, que si el servidor desea vender su renuncia con indemnización, es algo a lo que no puede ser obligado, porque su derecho a trabajar en una institución es irrenunciable; pese a eso se han dado varios despidos intempestivos en diferentes instituciones del Estado, sin derecho a la defensa solo porque supuestamente no querían trabajar y que maltrataban a su usuarios, pero la pregunta que nos hacemos, es ¿qué pruebas fueron demostradas para que se haya aplicado este decreto? Pues los afectados no tuvieron derecho ni tiempo a nada ya estaba todo hecho es decir sin derecho a la defensa y al debido proceso, por esta razón muchos de los afectados se desmotivaron psicológicamente ya que se fueron por encima de nuestra Constitución y la ley, aunque muy claramente lo establece el Art. 424 y 425 sobre la Supremacía de la Constitución, aquí se hizo caso omiso, por lo tanto donde quedan los derechos y garantías de cada uno de los ciudadanos de este país, que respalda y protege la Constitución de la República, este problema, no solo lesiona al servidor público sino también a familias enteras que dependen del trabajo del jefe de familia, para subsistir; aunque quizá en varios de los casos han recibido una indemnización; pero no es lo mismo que seguir trabajando, a menos que realmente ellos no hubiesen querido trabajar, es cuando podían acogerse formalmente a la renuncia voluntaria, como lo establece la ley Orgánica del Servidor Público, o a su vez que realmente se haya demostrado el mal servicio de aquel servidor público, pero con derecho a su defensa con fundamento y justificación y que se lleve a cabo el debido proceso que la Constitución Garantiza en el Art. 76 y no de un día para el otro con una notificación, en donde manifiesta que cesan sus funciones en forma definitiva, vulnerando los derechos laborales de los servidores públicos; para lo cual en mi investigación y análisis proponemos nuestras posibles soluciones que; se derogue el Decreto 813.