El crimen internacional de lesa humanidad de la tortura en el código penal Ecuatoriano.

Abstract

Para la protección del ser humano, para evitar acciones y omisiones que interfieran con las libertades, los derechos fundamentales y la dignidad humana, se crea Los Derechos Humanos, que son garantías jurídicas universales que protegen a las personas. Definiendo las relaciones entre los individuos y las estructuras de poder, especialmente el Estado. Es obligación de todo Estado, legislar en materia de derechos humanos, cumpliendo así determinados deberes, estableciendo ciertas prohibiciones. Desde el punto de vista jurídico, pueden definirse como todos los derechos individuales y colectivos reconocidos por los Estados en sus Constituciones y en el Derecho Internacional. En nuestro país no existen normas suficientes para prevenir y sancionar al delito internacional de lesa humanidad de la tortura, dando lugar a un vacío jurídico, por no existir una tipificación que se adecúe a los acontecimientos. Esta falta de legislación, no solo implica un actuar negligente de nuestros Asambleístas, sino que, además una flagrante violación al Art. 84 de la Constitución de la República de Ecuador, que exige a todo órgano con potestad normativa la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los Tratados Internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades, haciéndose necesario de apelar a los legisladores para su tipificación, coadyuvando en esfuerzos que demandan las auténticas reformas. La Tortura como fenómeno social ha sido estudiada como concepto, como categoría y como una teoría, razón por la cual ha preocupado al hombre desde la antigüedad a darle una definición y una conceptualización, para que éste a la vez sea aplicado como tipificación en las diferentes legislaciones del mundo. A la tortura le he estudiado desde el concepto estipulado en nuestra legislación penal y constitucional y por qué no decir desde los organismos internacionales. Concluyendo, que ninguna persona debe ser despojada de sus derechos humanos, siendo estos inalienables, e, irrenunciables, ni deben suprimirse, salvo en situaciones excepcionales y según las debidas garantías procesales, siendo interrumpido el derecho de una persona a la libertad cuando un tribunal la declara culpable de un delito con dicha pena.