Reformas legales al art. 107 del código penal, relacionado a la prescripción de las penas privativas de la libertad

Abstract

El numeral 3 del art 11 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. El numeral 4 del mismo cuerpo de leyes invocado señala que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. En el numeral 9, ibídem, tenemos que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. El Art. 75 de la norma suprema, establece que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. El Art. 82 de la Constitución, expresa que el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. Como se puede apreciar existe un marco jurídico constitucional muy amplio que tutela los diversos derechos de las personas establecidos en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, es decir cualquier violación a un bien jurídico tutelado, es sancionado penalmente. Al analizar el al Art. 107 del Código Penal, las penas privativas de la libertad, por delito, prescriben en un tiempo igual al de la condena, no pudiendo en ningún caso, el tiempo de la prescripción ser menor a seis meses, es decir estamos hablando de las sanciones penales en los delitos que a manera de ejemplos, citaré los siguientes: acoso sexual, robo, hurto, injurias, estupro, estafa, atentado al pudor, lesiones, aborto voluntario, etc., en los cuales bien puede el juzgador dictar una sentencia condenatoria de seis meses, un año, dos años y que por ser delitos que admiten medidas sustitutivas a la prisión preventiva, se los juzga en libertad del procesado, razón por la cual al tener conocimiento que son sentenciados dígase a unos seis meses, bien pueden ocultarse, hasta que la pena prescriba, burlando de esta manera la justicia, lo cual se contrapone a la tutela efectiva, establecida en la Constitución de la República del Ecuador, generando inseguridad jurídica en las personas ofendidas por el delito, por lo que es necesario ampliar el plazo de prescripción de las penas privativas de libertad