Necesidad de regular en el reglamento de la losep, el procedimiento que se debe seguir para ejercer el derecho de repetición que se desprende de los actos administrativos ilegales

Abstract

El derecho de repetición es una facultad que permite al Estado ejercer una acción en contra del funcionario público que ha ocasionado que el Estado, previa sentencia ejecutoriada indemnice al administrado. Marca la temática de la presente investigación la falta de un régimen procedimental que regule la acción de repetición en el Ecuador, la misma que planteará el procedimiento más idóneo para ser efectivo el derecho de repetición. Dentro de la presente investigación, también se analizará profundamente cuál o cuáles son las responsabilidades del funcionario público cuando éste haya ocasionado un daño, partiendo del punto que el daño sufrido por el administrado ya ha sido indemnizado por el Estado. Por tal motivo crear un procedimiento específico que permita al Estado accionar en contra del administrador público, que haya ocasionado el daño, sería el camino más viable para tratar de proteger tanto al Estado mismo, como al Administrado de actos que les perjudiquen. La Constitución del Ecuador establece que ejercerá inmediatamente el derecho de repetición contra el empleado o funcionario público, sin embargo esta figura no ha sido utilizada, puesto que no existen los medios idóneos para llevar a cabo la misma, por ello la necesidad de regular en el reglamento de la LOSEP, el procedimiento que se debe seguir para ejercer el derecho de repetición que se desprende de los actos administrativos ilegales” cometidos por los empleados públicos, cuya acción ilegal, que no sólo mancha el buen nombre de la cosa pública, sino que además ésta incide en la sociedad en general, tanto moralmente como económicamente, es lo que nos proponemos sugerir dentro del presente trabajo investigativo. La presente investigación, tendrá tiene como propósito estudiar a profundidad la acción de repetición como un Derecho, como se lo puede ejercer, y cuál sería el mejor procedimiento para viabilizar dicha acción o derecho no solo para obtener un procedimiento idóneo que permita ejercer el derecho de repetición, sino para que también se constituya en una advertencia para quienes ejercen la administración pública.