Necesidad de derogar el artículo 629 del código del trabajo, que faculta a los directores regionales del trabajo, sancionar inconstitucionalmente, dejando en estado de indefensión al infractor

Abstract

El presente trabajo de tesis analiza la violación clara de los derechos constitucionales, como son el derecho de acceso a la justicia y el derecho a la legítima defensa, derechos inalienables consagrados en nuestra Constitución de la República y la necesidad de derogar el art. 629 del Código del Trabajo; considerando que, los principios constitucionales son el fundamento sobre el cual se conforman las normas jurídicas coherentes axiológica y jurídicamente como un todo. Es precisamente esta norma jurídica, el art. 629 contemplado en el del Código del Trabajo, quién faculta a los Directores Regionales del Trabajo según sea su jurisdicción, la competencia de resolver, imponer multas y sanciones según sea la infracción o violación de las normas de este Código; pero el problema no radica aquí; sino que, se pone de manifiesto la imposibilidad de interponer cualquier recurso ante esta resolución sancionatoria de parte del infractor. La tutela efectiva manifestada en el art. 75 de nuestra Constitución, como es la legítima defensa y el acceso a reclamar ante tribunales y entes administrativos, el deber alto e impoluto del Estado de respetar y hacer respetar los derechos constitucionales, la norma jurídica aplicada en contraposición con los derechos y garantías constitucionales, carente de validez jurídica por su incompatibilidad con los derechos constitucionales vigentes, nos orienta al estudio de este problema social actual preocupante; puesto que, repetitivamente hablamos de un Estado constitucional de derechos, justo con sus administrados, de principios y acciones fundamentadas en la Constitución, pero aun débil en convicción y ligeros en legislar el encargo del pueblo en la Asamblea, nos equivocamos frecuentemente con este encargo y estos son los resultados, la violación de nuestros derechos no solo de nuestra constitución sino también de los estamentos internacionales. Un Estado democrático también quebrantado, donde los derechos fundamentales de las personas son vulnerados por el poder, los planos normativos inferiores a nuestra constitución no guardan la debida coherencia entre normatividad y efectividad, condicionante esta de un Estado constitucional de derechos y nuestra trascendental democracia.