Problemática jurídica de las injurias graves o actitud hostil como causal de divorcio

Abstract

La Constitución de la República del Ecuador, señala que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. El Art. 82 ibídem, garantiza el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. El numeral 3del Art. 110 del Código Civil, establece como causal de divorcio; las injurias graves o actitud hostil que manifieste claramente un estado habitual de falta de armonía de las dos voluntades en la vida matrimonial, sin embargo debido a la complejidad de demostrar ante los jueces de familia competentes, no otorga la seguridad jurídica necesaria al cónyuge para invocarla, por lo que es necesario reformarla. Es decir para alegar actitud hostil, esta debe ser habitual, es decir haber convivencia. En la práctica sucede que el cónyuge que es víctima de injurias y actitud hostil, opte por la separación inmediata, o por poner una denuncia por violencia doméstica, y por ende la autoridad competente ordene la salida del agresor de la vivienda, por ende difícilmente pueda invocar esta causal, como divorcio, debido a la falta de habitualidad. Es decir la hostilidad debe conducir al estado habitual de falta de armonía de las dos voluntades en la vida matrimonial; si no existe vida matrimonial por cuanto los cónyuges viven en distintos hogares muy difícilmente ésta hostilidad, podría provocar tal estado habitual.- La falta de armonía como producto de la hostilidad debe ser frecuente, incesante, permanente y aún diaria que realmente produzca la imposibilidad de que los cónyuges lleven una vida normal, resultando en la práctica inaplicable e imposible de probar los hechos para el cónyuge que pretenda alegarla, por tal motivo pienso que deben reformarse a fin de dar cumplimiento al precepto constitucional establecido en el citado Art. 82 de la Norma Suprema.