Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/15051
Título : Reforma del código tributario referente a establecer la competencia de la acción coactiva
Autor : Blacio Aguirre, Galo Stalin
Abril Miguez, Sandra Del Rocio
Fecha de publicación : 2014
Resumen : La Administración De Justicia Como todo Estado el nuestro se encuentra organizado para asegurar y garantizar las entidades rectoras del organismo social, ejerce el poder por medio de la función Ejecutiva, Legislativa y Judicial, las cuales realizan sus actividades en forma independiente y con debida responsabilidad; la Función Judicial tiene la potestad de “Administrar justicia en Nombre de la República y por autoridad de la Ley”.1 Por medio de estas funciones regladas, el estado ejerce actividades administrativas, evitando la concentración del poder en una sola persona. La Administración de justicia garantiza los derechos individuales y las garantías políticas de todas las personas de un estado. El ámbito de administrar justicia es nuestro estado ecuatoriano está previsto en el Art. 167 de la Constitución de la República, señalando que “la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos y por lo demás órganos y funciones establecidos en la Constitución”. La Administración de Justicia ecuatoriana ha sido confiada a los servidores y servidoras judiciales que incluyen jueces y juezas en las diversas áreas de jurisdicción y competencia. Jurisdicción Y Competencia.- Siendo la función judicial parte del Estado ecuatoriano, como una de sus funciones para administrar justicia, nosotros debemos intentar analizar todo lo que representa el Estado como un ente que otorga obras y servicios. La función judicial es la que se encarga de administrar justicia por medio de funcionarios públicos revestidos de autoridad, que aplican las leyes vigentes. En la Ley Orgánica de la Función Judicial, están determinadas las facultades de los jueces y magistrados y al reconocerse el ámbito de justicia, la ley 1CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Constitución de la República del Ecuador, Art. 167. Quito-Ecuador, 2008.expresa en su Art. 1 “La justicia se administra por los tribunales y juzgados establecidos por la constitución y las leyes”.2 Al analizar la normativa jurídica tanto en la ley orgánica de la función judicial como en las demás leyes; es política actual para proceder a la Administración de justicia mantener la jurisdicción y Competencia pero para ello previamente tenemos que analizar que es la jurisdicción; en el código de procedimiento Civil el Art. 1 dice “La jurisdicción, esto es, el poder de administrar justicia, consiste en la potestad publica de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en una materia determinada, potestad que corresponde a los magistrados y jueces establecidos por las leyes. La Acción Coactiva Según El Código Tributario.-Según el Código tributario los títulos de crédito u órdenes de cobro se emitirán por la autoridad competente de la respectiva Administración, es decir son aquellos documentos que emite la respectiva administrativa tributaria. Los títulos de crédito pueden darse cuando la obligación tributaria fuere determinada y liquida, sea basándose en catastros, registros o hechos preestablecidos legalmente, sea de acuerdo a declaraciones del deudor tributario o a avisos de funcionarios públicos autorizados por la Ley para el efecto, sea en base de actos o resoluciones administrativas firmes o ejecutoriadas, o de sentencias del tribunal Distrital Fiscal, cuando modifiquen la base de liquidación o dispongan que se practique nueva liquidación. Además por multas o sanciones se emitirán los títulos de crédito, cuando las resoluciones o sentencias que las impongan se encuentren ejecutoriadas. Mientras se hallare pendiente de resolución un reclamo o recurso administrativo, no podrá emitirse título de crédito. 2 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley Orgánica de la Función Judicial. Art. 1 Quito-Ecuador 2008.La función de Cobranza Coactiva en el Perú, es un procedimiento que faculta a la Administración exigir al deudor tributario la acreencia impaga de naturaleza tributaria o no tributaria, debidamente actualizada, o a la ejecución incumplida de una prestación de hacer o no hacer a favor de una Entidad de la Administración Pública Nacional, proveniente de relaciones jurídicas de derecho público. El capítulo IV de la Ley No 26979, de Procedimiento de ejecución Coactiva, se han establecido el procedimiento de ejecución coactiva en el ámbito referido exclusivamente a las obligaciones tributarias de los gobiernos locales. En este sentido, con la mencionada ley, se ha establecido un marco jurídico para que la Administraciones tributarias Municipales no cometan excesos que perjudiquen a los contribuyentes y sobretodo, que dichas acciones no queden impunes. Así mismo, se establecen los requisitos que deben tener tanto los ejecutores como los auxiliares coactivos, con lo cual se garantiza de alguna manera que las personas que realicen dichas funciones sean personas idóneas para el cargo. En si el presente trabajo investigativo se ha desarrollado en base al título “Necesidad De Reformar El Código Tributario, En Cuanto A La Competencia De La Acción Coactiva. Este trabajo investigativo se emplearon treinta encuestas y 5 entrevistas a profesionales del derecho. Para poder desarrollar el presente trabajo fueron aplicados: el método científico, deductivo y método cualitativo y cuantitativo. Después de haber analizado los resultados de las encuestas y entrevistas he confirmado el privilegio de los funcionarios de la administración tributaria para resolver las controversias por medio de la acción coactiva, así como los efectos que se producen. Este trabajo investigativo finaliza con una propuesta jurídica con el fin de poder mejorar las leyes entorno a este tema.
Descripción : The Administration Of Justice As a State ours is organized to ensure and guarantee the governing bodies of the social organism, exercises power through the function Executive, Legislative and Judicial, which conduct their activities independently and with due responsibility, the judiciary has the power to "Administer justice in the Republic name and by authority of law." Through these functions ruled, the state exercises administrative activities, preventing the concentration of power in one person. The administration of justice guarantees individual rights and political guarantees to all people of a state. The scope of administering justice is our Ecuadorian state is covered in article 167 of the Constitution, stating that "the power to administer justice emanates from the people and is exercised by the organs and other organs and functions as set out in the Constitution ". The Administration of Justice in Ecuador has been entrusted to servers and judicial servants including judges in the various areas of jurisdiction and competence. Jurisdiction and Competence. - Being the judicial function the Ecuadorian State, as one of its functions to administer justice, we should try to analyze everything that represents the state as an entity that provides services and works. The judicial function is in charge of administering justice by public officials in authority, who apply the law. In the Organic Law of the Judiciary, are determined the powers of judges and magistrates and to recognize the area of justice, the law states in its Article 1 "Justice is administered by courts and tribunals established by the constitution and laws ". When analyzing the legal rules both in the organic law of the judiciary and in other laws, it is current policy to proceed with the administration of justice and Competition retain jurisdiction but for this we have to analyze previously jurisdiction is, in the code Civil Procedure article 1 says "The jurisdiction, that is, the power to administer justice, is the public authority to judge and to enforce judgments in a particular material, power corresponding to the magistrates and judges established by law . According Coercive Action Tributario. Code-According to the Tax Code debts or payment orders be issued by the competent authority of the respective Directors, ie documents are those issued by the relevant tax administration. The debt securities may occur when the tax liability determined and settled whatever, is based on cadastral, registration or pre-existing legal facts, either according to the tax debtor statements or notices of public officials authorized by law for the purpose, whether based of final administrative actions or decisions or executory, or District Attorney court judgments, when modifying the database liquidation or have that new assessment practice. In addition to fines, penalties will be issued the credits, when the resolutions or impose sentences that are executory. While resolution is pending a grievance or administrative appeal, no credit can be issued title. Comparative Law: 1. - Law No. 26979, of Coercive Execution Procedure From the Republic of Peru. - Enforced Collection function in Peru, is a procedure that allows the administration to require the tax debtor of the debt they defaulted tax or non-tax nature, due date, or enforcement of the provision breached to do or not do in favor of an Entity of the national public administration from public legal relations. Chapter IV of Law No. 26979, of Coercive Execution procedure have been established coercive enforcement proceedings in the area referred exclusively to the tax obligations of local governments. In this sense, with the Act, has established a legal framework that tax administrations couple Municipal commit no excesses that harm taxpayers and above all, that such actions do not go unpunished. It also sets out the requirements that must be both executors as auxiliary coercive, which somehow ensures that persons performing these functions are right people for the job. On whether the present research work has been developed based on the title "Need To Reform The Tax Code, As To The Competition From Coercive Action. This research work took place in the city of Loja, for which thirty surveys were used, and 5 interviews with legal professionals. In order to develop this work were applied: the scientific method, deductive and qualitative and quantitative method. After analyzing the results of surveys and interviews have confirmed the privilege of tax administration officials to resolve disputes through coercive action, and the effects that occur. This research paper concludes with a legal proposal in order to improve the laws surrounding this issue.
URI : http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/15051
Aparece en las colecciones: UED

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
TESIS.pdf2,28 MBAdobe PDFVisualizar/Abrir


Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.