Necesidad de establecer una derogatoria al art. 113 de la Ley de Mercado de Valores, con la finalidad que exista armonía con las disposiciones constitucionales del Ecuador y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización

Abstract

El fideicomiso mercantil, aparece en nuestra legislación a través de la Ley de Títulos de Crédito de 1963, ley que tuvo poca duración y no trajo ningún avance en la materia. Treinta años después, la figura del fideicomiso es incorporada por el artículo 80 de la Ley de Mercado de Valores de 1993; sin embargo, continuó siendo insuficiente dada la complejidad y los efectos jurídicos que produce una figura de corte anglosajón en legislaciones de corte romanista como la ecuatoriana. Es así que en esta el Ley en el artículo 109 menciona que fideicomiso mercantil es el contrato por medio del cual una o más personas llamadas constituyentes. Transfieren de manera temporal e irrevocable, la propiedad de bienes muebles o inmuebles corporales o incorporales, que existen o se espera que existan, a un patrimonio autónomo, dotado de personalidad jurídica para que la sociedad administradora de fondos y fideicomisos, que es su fiduciaria y que en tal calidad su representante legal, cumpla con las finalidades específicas instituidas en el contrato de constitución, bien a favor del propio constituyente o de un tercero llamado beneficiario. En la misma ley menciona que La transferencia de dominio de bienes inmuebles realizada en favor de un fideicomiso mercantil, está exenta del pago de los impuestos de alcabalas, registro e inscripción y de los correspondientes adicionales a tales impuestos, así como del impuesto a las utilidades en la compraventa de predios urbanos y plusvalía de los mismos. Es decir las transferencias de dominio estarán exenta de todo tipo de impuestos, tasas, impuesto y contribuciones como se mencionó anteriormente. El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización que nace con los principios constitucionales promulgados en el año 2008, tiene como uno de sus objetivos fundir en un solo cuerpo legal las normas que deban regir la actividad administrativa de los gobiernos autónomos descentralizados, permitiendo simplificar y unificar las distintas leyes que los regularon en razón del anterior orden constitucional. De esta manera y por ser el COOTAD una norma jerárquicamente superior a la Ley de Mercado y Valores es pertinente que todo lo que se relacione al pago y exoneración de los impuestos de alcabalas, registro e inscripción, tasas, impuesto y contribuciones sea exclusamente recogidas y reguladas por el COOTAD, para evitar contradicciones legales.