Reforma al art. 629 del código del trabajo por su contradicción con el principio de impugnación de los actos administrativos reconocido por la constitución de la república del Ecuador

Abstract

La problemática jurídica materia de la presente investigación se orienta al análisis legal del régimen jurídico contenido en el Código del Trabajo respecto de las multas impuestas por el Director del trabajo y sobre la prohibición expresa de impugnar a través de los recursos administrativos las referidas sanciones. Debemos considerar que nuestro Código del Trabajo que fue dictado el 5 de agosto de 1938 en el gobierno del general Alberto Enríquez Gallo y publicado en el Registro Oficial Nro. 78 al 71 con fechas 14 al 17 de noviembre de 1938, es una normativa con limitaciones y vacíos de orden estructural que hoy por hoy requieren ser subsanados a través de reformas urgentes. Las relaciones de trabajo entre patrono o empresario y obrero o empleado permanentemente implican un ejercicio de control y regulación de la actividad laboral que es realizado por el Ministerio de Relaciones Laborales a través de sus dependencias a nivel regional y provincial como las Direcciones de Trabajo y Servicio Público, estas dependencias actúan en virtud de potestades legales y reglamentarias verificando que la relación de trabajo se efectúe dentro del marco del cumplimiento de obligaciones y observancia de derechos entre los sujetos parte de la relación de trabajo. Dentro de este contexto, las autoridades administrativas como el Director del Trabajo y Servicio Público y los Inspectores de Trabajo luego de verificar por los diferentes medios que la ley les permite, el incumplimiento de obligaciones de carácter patronal dentro de una empresa, procede a imponer sanciones pecuniarias o multas conforme lo permite el Código del Trabajo y la demás normativa aplicable en materia laboral como el Mandato Constituyente Nro. 8, situación que no se cuestiona porque se encuentran en plena facultad para hacerlo; sin embargo, es necesario identificar la problemática que se deriva de las resoluciones de multa impuestas por la Dirección de Trabajo, por la prohibición de impugnar dichas sanciones prevista en forma expresa en el Código del Trabajo y que a continuación cito: “Art. 629 Multa impuesta por la Dirección Regional del Trabajo.- Cuando la multa haya sido impuesta por la Dirección Regional del Trabajo, el infractor no podrá interponer recurso alguno; mas, si hubiere sido impuesta por otra autoridad, se podrá apelar ante el Director Regional del Trabajo” Ahora bien, la norma en referencia resulta totalmente incongruente con lo dispuesto en el Art. 173 de la Carta Magna que en forma clara y precisa reconoce vías legales para impugnar los actos administrativos expedidos por las autoridades de la institucionalidad pública que se encuentran en ejercicio de una función administrativa, refiriendo que: “Los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados, tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes órganos de la Función Judicial.” De aquí se desprende una importante contradicción normativa entre lo previsto por el Código del trabajo en su art. 629 y la Constitución en su art. 173; pues las multas impuestas vía resolución por la autoridad del trabajo antes referida tienen el carácter de actos administrativos que a la luz de la norma constitucional, de lo dispuesto en el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva y de la doctrina jurídica son plenamente impugnables a través de los recursos administrativos reconocidos por nuestra legislación, y al impedirse o limitarse este derecho se está desconociendo en forma flagrante un importante principio procesal de carácter universal como lo es el principio de impugnación, derivando en una evidente afectación de derechos subjetivos del administrado, pues es indiscutible que se está evadiendo un procedimiento administrativo reconocido legítimamente y privándole a la persona natural o jurídica sancionada de la oportunidad de hacer valer sus derechos en sede administrativa, así como de intentar por medio del recurso administrativo, que la autoridad que dictó la multa la revoque o anule.