Necesidad de reformar la ley de gestión ambiental con la finalidad de crear unidades de gestión ambiental de forma obligatoria en todas las instituciones públicas respecto al artículo 13

Abstract

El deterioro del medio ambiente es causa de degradación del bienestar humano en el mundo; en los países subdesarrollados, como es el caso de Ecuador, el deterioro ambiental está ligado a la pobreza como causa y como efecto; este fenómeno ha sido señalado en casi todas las reuniones multilaterales y nacionales que han tratado el tema, además de ser fácil comprobación empírica. Para controlar el deterioro ambiental y su secuela sobre la sociedad, el Ecuador ha incorporado los principios ambientales del mundo moderno en la Constitución de la República y ha creado leyes e instituciones especiales para la gestión ambiental; éstas facultan, delegan y obligan a determinadas instituciones como el Ministerio del Ambiente, como el principal, quien se encarga de ejercer funciones de control ambiental. De ahí que la Constitución establece en su Art. 15 que: “El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos 3 experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional”1 Los municipios ecuatorianos están obligados por la Ley de Gestión Ambiental, mediante disposiciones legales, a establecer unidades especializadas en la gestión ambiental dentro de sus instituciones públicas. Mientras que en la Ley de Gestión Ambiental, en su Artículo 13 determina que “Los consejos provinciales y los municipios, dictarán políticas ambientales seccionales con sujeción a la Constitución Política de la República y a la presente Ley. Respetarán las regulaciones nacionales sobre el Patrimonio de Áreas Naturales Protegidas para determinar los usos del suelo y consultarán a los representantes de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y poblaciones locales para la delimitación, manejo y administración de áreas de conservación y reserva ecológica. La estructuración de unidades especializadas no ha podido concretarse en los municipios pequeños del país, es decir en los cantones con menos de 100.000 habitantes; en otros casos, estas unidades están en proceso de estructuración o sólo han sido establecidas parcialmente o son disfuncionales; en el ámbito privado no es la excepción de improvisar estudios de gestión ambiental a profesionales que en algunos casos no son estudiados ni expertos en la rama. 1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2014 4 Por lo que el ámbito de la gestión ambiental, se convierte en una fuente de conflictos jurisdiccionales dentro de un complejo panorama institucional por imprecisión, vaguedad y/o desarticulación de las leyes. Es por esto la necesidad de plantear una investigación de tesis para proponer una reforma urgente a la Ley de Gestión Ambiental, en cuanto a establecer la obligatoriedad de creación de unidades de gestión ambiental de forma permanente en todas las instituciones públicas que se relacionen con la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales.