Apremio personal por falta de pagos en alimentos en el código orgánico de la niñez y adolescencia no contempla en las personas con discapacidad severa o enfermedades catastróficas

Abstract

Nuestra Constitución en su Artículo 11 numeral 2 de la Constitución del Ecuador manifiesta que “Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, Personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. Es decir que la Constitución de la República otorga igualdad de derechos y de obligaciones para todos los ciudadanos, de tal manera que puedan exigir y ejercer sus derechos. Así mismo, el Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa; Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. Al respecto se puede decir que, la Constitución de la República del Ecuador, garantiza los derechos de las personas llamadas vulnerables, de tal manera que se considera que tienen en este caso la prioridad las personas con discapacidad, otorgándoles como tal cuidado, garantía y en algunos casos excepciones. Nuestra normativa jurídica actual, determina en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en lo referente al Derecho de Alimentos que se debe cumplir con la obligación de cancelar con la pensión alimentos al menor, tomando en cuenta siempre la capacidad económica del alimentante y las necesidades del alimentado. Los derechos de los niños en cuanto a los alimentos son de carácter personalísimo pueden ser demandados en cualquier tiempo, son derechos que el Estado garantiza desde la Constitución, como el derecho de alimentación el mismo que evoluciona dialécticamente dentro de las necesites básicas y existenciales de los niños y niñas, por lo tanto el Estado a través de todas sus instituciones deben velar por el cumplimiento de las leyes y garantizar la eficacia de los derechos garantizados en la constitución y los derechos internacionales. Ahora bien, además de esto también el mismo cuerpo legal, así mismo manifiesta que quien no cumple con dicha obligación y bajo petición de parte se podrá pedir una liquidación de los haberes adeudados y si éste estuviera en mora por el lapso de dos meses, podrá pedir al juez que se gire una boleta de apremio personal para el alimentante. En esta normativa no se exceptúa a las personas que nuestra legislación establece con discapacidad severa y además las personas que adolecen de enfermedades catastróficas, esto en consideración de que quienes adolecen de estas imposibilidades o enfermedades deben tener un trato prioritario, diferencial o preferencial del sector vulnerable de la sociedad. De ahí que el objeto de la Ley Orgánica de Discapacidades, “es asegurar la prevención, detección oportuna, habilitación y rehabilitación de la discapacidad y garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, establecidos en la Constitución de la República, los tratados e instrumentos internacionales; así como, aquellos que se derivaren de leyes conexas, con enfoque de género, generacional e intercultural”1. Cabe mencionar que es obligación estatal garantizar a las personas con discapacidad o que sufran de enfermedades catastróficas el derecho a la atención en los ámbitos privado y público y parte de esa atención prioritaria, y como tal deben tener determinada excepción en cumplimiento de algunas obligaciones, en este caso la de alimentos, a fin de garantizarse y reconocerse en forma expresa sus derechos y los mismos sean vigilados. 1 LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito –Ecuador, 2015