Reforma al estatuto del régimen jurídico administrativo de la función ejecutiva para suprimir la figura del recurso de reposición como medio de impugnación de actos administrativos

Abstract

La problemática jurídica materia de la presente investigación se orienta al análisis legal del procedimiento administrativo en el Ecuador ya los principales conflictos que surgen entre el estado y los administrados, de tal forma que se plantea a continuación un antecedente del conflicto jurídico identificado; Los actos administrativos según lo dispuesto en la Constitución de la República, en el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva y en la doctrina jurídica son plenamente impugnables a través de los recursos administrativos reconocidos por nuestra legislación, y al impedirse o limitarse este derecho se está desconociendo en forma flagrante un importante principio procesal de carácter universal como lo es el principio de impugnación; La Constitución de la República en su Art. 173 establece con claridad meridiana los causes o vías legales existentes para impugnar los actos administrativos expedidos por las autoridades de la institucionalidad pública, de esta forma la norma refiere que: “Los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados, tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes

órganos de la Función Judicial.” Es decir que ante la presunta afectación de los derechos de los particulares y administrados por efecto de una resolución administrativa, es factible la interposición de recursos de carácter administrativo que deben ser conocidos y sustanciados conforme lo prevé el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE); por tanto hay un procedimiento administrativo o litigación en sede administrativa, donde el administrado o persona afectada por esta resolución tiene la oportunidad de intentar rever la decisión administrativa dictada. La facultad del interesado para impugnar un acto en sede administrativa cuando ha sido lesivo a sus intereses, le permite la oportunidad para hacer valer sus derechos a través de estos recursos sin la necesidad de activar el sistema judicial a través de demandas ante el tribunal de lo contencioso administrativo; por lo que resulta en teoría una forma adecuada de resolver controversias entre particulares y la administración pública sin la necesidad de congestionar el sistema judicial; Sin embargo el problema jurídico se suscita cuando al interponer el recurso de reposición, éste es inadmitido y desechado fácilmente por las autoridades públicas que dictan los actos administrativos, en la mayoría de los casos sin mayor motivación ni fundamentación jurídica, sin aceptar pruebas de descargo u otras justificaciones del cumplimiento de obligaciones de los

administrados, omitiendo derechos fundamentales inherentes al debido proceso e inobservando términos para despachar; Con este antecedente y ante la seria afectación de derechos subjetivos del administrado, ante la evasión de un procedimiento administrativo reconocido legítimamente pero inaplicable, es necesario revisar el ERJAFE, y plantear la derogatoria del recurso de reposición por el inexistente reconocimiento del mismo y desvalorización como medio de impugnación procesal.