La inseguridad jurídica y el incremento del fenómeno delincuencial, violan expresas normas constitucionales lo que exige reformar el código penal en el régimen de penas

Abstract

La Universidad Nacional de Loja consciente de su papel protagónico en el proceso evolutivo de la sociedad orienta la formación de sus profesionales hacia la vinculación con la realidad de su entorno; es por esto que el aporte de cada aspirante a la graduación de Abogado en jurisprudencia realiza, es de singular importancia porque en su contenido se refleja los problemas sociales y jurídicos que nos aquejan y necesitan ser abordados en la necesidad de hallar las soluciones; y es la Universidad Nacional de Loja comprometida la que se vincula con esta realidad social y toma como objeto de estudios los diferentes problemas como el fenómeno de la criminalidad, los actos delictivos nuevos, y proponer a la legislación una serie de reformas jurídicas al Código Penal, en el Régimen de Penas con normas sancionadoras y a la vez, rehabilitadoras teniendo como principio fundamental la igualdad ante la ley, la equidad y protección de los derechos humanos consagrados universalmente. Es esta realidad la que exige el aporte de sus estudiantes en ciencias jurídicas, para lo cual me he permitido enfocarlo bajo el título “La inseguridad Jurídica y el incremento del fenómeno delincuencial, violan expresas normas constitucionales lo que exige reformar el Código Penal en el Régimen de Penas”. Ya que esta realidad es latente universalmente y necesita ser particularizado por cada Estado en busca de soluciones y dar seguridad a sus representados. Pero estas garantías constitucionales pueden efectivizarse si el Estado mediante su estructura orgánica ataca de raíces a este mal. Sancionando estas conductas desviadas y también procurando su rehabilitación como una necesidad de incorporar al infractor al desarrollo del país. Pero no es menos cierto que estos focos infecciosos de la sociedad son el resultado de una serie de factores que se conjugan para dar estos resultados de inseguridad jurídica y consecuentemente el incremento de la delincuencia que afecta al normal desenvolvimiento de los ciudadanos, y ahuyenta la inversión extranjera causando pobreza y menor ingreso percápita. El incumplimiento por parte de los operadores judiciales, que desvían sus horas laborales en perjuicio de los usuarios de esta institución del Estado violentando el principio constitucional de celeridad procesal; sumado el engorroso y trabado sistema administrativo que impide que el afectado pueda resarcir el derecho vulnerado, y más bien cause desistimiento en su reclamación y queden impunes las violaciones de la ley. Es por eso que en los afanes del Estado por corregir esta realidad de la administración de justicia a creído conveniente dar nacimiento a otros órganos de control como el Consejo Nacional de la Judicatura, en cargado de velar por el correcto funcionamiento de la función Judicial y que los operadores judiciales sean profesionales probos para que ejecuten la acción punitiva del Estado. Sin embargo estas buenas intenciones contrastan con la realidad; ya que bien sabemos que los operadores judiciales (jueces presidentes de tribunales de garantías penales y demás materias, hasta presidentes de las Cortes Nacionales y ´provinciales; son el resultado de cuotas políticas dejando de lado la regulación de que para ingresar a ocupar un cargo en la función judicial deben someterse a un concurso de méritos y oposición con la finalidad de que ingresen los mejores puntuados y garanticen la eficiencia administrativa de los juzgadores de la función judicial. A esto podemos agregar el aparecimiento de nuevas formas de delinquir y que no se encuentran tipificadas en el conjunto normativo constitucional, lo que amerita que el legislador en su objetivo funcional se de nacimiento a una serie de reformas legales al Código penal para que puedan ser sancionados estos delitos adecuadamente y corregir los desvíos de un pequeño sector de la sociedad. Todos estos elementos referidos son causa y efecto de una inseguridad jurídica y que permite que la creatividad delincuencial actúe poniendo en riesgo la paz y tranquilidad ciudadana causando alarma y temor a una sociedad que para desarrollarse necesita de un ambiente seguro y protegido por los órganos de control social; como son la administración de justicia en sus diferentes manifestaciones, la policía nacional, la Fiscalía los Jueces de policía como la intendencia, comisarias. Cuando este ordenamiento del Estado falla es entonces cuando la sociedad se descarrila y da lugar al aparecimiento de conductas humanas reñidas con la moral y el buen vivir de un Estado. Lo que exige una respuesta por parte del Estado que sancione y penalice de acuerdo a nuestra legislación en el Art. 51 del Código Penal; pero que a lo largo de la historia nos demuestra que con esta acción punitiva del Estado no se a alcanzado a obtener resultados que frenen el auge delictivo sino más bien que aumente, por lo que mi propuesta va encaminada a realizar una reforma al sistema de penas aplicadas hasta la actualidad y se introduzca un sistema mixto de imponerle la pena al infractor, esto es mediante la aplicación de la sentencia proporcional una parte con privación de la libertad como una sanción moral y la otra parte que sería la otra mitad de la pena en el cumplimiento obligatorio del infractor de concurrir a una rehabilitación psicológica en centros especializados provistos en los mismos centros penitenciarios acompañados o reforzados por un departamento médico ya que muchas perturbaciones psicológicas y criminales son el resultado del mal funcionamiento orgánico y deben ser tratados adecuadamente. Al respecto conviene establecer relación comparativa con los Estados vecinos, ya que existe similitud en cuanto a los problemas sociales como la corrupción institucionalizada, la mala administración de justicia y la creciente actividad delictiva con cierta salvedad el Estado Colombiano que se encuentra afectado aún más por la acción de grupos subversivos que azotan con gran violencia obligando a su población a refugiarse en los países vecinos como el nuestro, causando serios problemas sociales, ya que muchos de estos refugiados vienen a delinquir e introducir nuevas formas de cometer los delitos. La acción punitiva de este Estado contempla hasta 40 años de reclusión para los delitos graves como los delitos sexuales, el homicidio, el asesinato, el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Otro Estado vecino como el peruano, los delitos son sancionados de acuerdo a tres clases de penas como lo establece el Art. 28 del Código Penal Peruano. 1. Pena Privativa de la Libertad 2. Pena Restrictiva de la Libertad 3. Pena limitativa de derechos y multas. Se puede apreciar que las sanciones aplicadas en materia penal son en algunos estados más drásticas; pero, esto no significa que el índice delincuencial haya bajado y la sociedad pueda sentirse tranquila. Frente a esta realidad en la ejecución de penas en los diferentes Estado, existen pronunciamientos de respetables penalistas, como Eugenio Raúl Safaroni que sostiene que el en cierro de una persona por más de diez años, empieza a tener problemas psicológicos y lo que el le llama el inicio de su muerte. Es por eso que en las encuestas propuestas en la investigación de campo a la población y entrevistas realizadas a profesionales del Derecho en libre ejercicio profesional el 90% sostiene que la causa del incremento de la criminalidad obedece a factores económicos, falta de oportunidades de trabajo, la corrupción existente en la administración de justicia y policía, por lo que muy bien estaría la implementación de una pena mixta, la misma que contribuirá eficazmente a la regeneración del infractor.