Necesidad de establecer la responsabilidad penal del empleador por no garantizar la seguridad industrial y salud ocupacional dentro de la empresa

Abstract

El trabajo constituye uno de los derechos constitucionales comprendidos dentro de los que se han denominado “del buen vivir”, colegidos dentro de la doctrina que atiende los derechos humanos cuyos titulares somos las personas que nos encontramos vinculadas con la vida productiva en un Estado. Como es lógico toda persona tiene derecho al trabajo, a su libre elección, bajo condiciones equitativas y satisfactorias y a la protección contra el desempleo, sin discriminación alguna, salarios iguales al trabajo, que aseguren la estabilidad de la persona trabajadora y de la familia, con dignidad humana, respaldada mediante cualquiera de los medios de protección social, según así se establece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así mismo se establece como un deber social y económico con el objeto de lograr estabilidad, desarrollo, competitividad y convivencia para armonizar calidad de vida de la comunidad. La investigación científica, se sujetó al estudio del derecho del trabajo, y las condiciones que satisfagan la integridad de los trabajadores dentro de la Empresa, a partir del ambiente o entorno en el que prestan sus servicios, que la legislación a denominado seguridad Industrial y por ende la salud ocupacional del trabajador, con lo cual evitar contratiempos que den como resultado acontecimientos perjudiciales a las partes que componen la relación contractual. Se pudo observar que la empresa como empleador, no adecua las condiciones que promueven la Seguridad Industrial, pese a que en nuestra legislación existen obligaciones exclusivas para aquellos empleadores que tienen a cargo bienes y servicios de orden industrial, técnicos, mecánicos, fabril, manufacturero, metalúrgico, siderúrgica, entre otros, a más de contar con determinada carga o número en la mano de obra, que los ubica en la obligatoriedad de acatar los requisitos de funcionamiento para la Seguridad Industrial, tanto en lo técnico como en lo jurídico, lo cual se traduce en contravención a la Ley. Cabe mencionar que el gobierno nacional en el Ecuador, ha desarrollado algunas directrices en favor de esta área del desarrollo, en cuyo caso se recrean posibilidades y alternativas que permitan una vida laboral más adecuada, permitiendo establecer normativa que se contempla para esta clase de requerimientos. La investigación permite ver que existen varios canales de atención de los problemas entre los trabajadores y la empresa, cuando no han acatado los requisitos de Seguridad, mediante la aplicación de sanciones pecuniarias que a la luz de la norma, resultan inadecuadas, en razón de que el trabajador queda vulnerable, pues la sanción pecuniaria, no garantiza su integridad, cuando por tales motivos, muchas personas quedan imposibilitadas para trabajar, una indemnización no resulta ser la solución al problema, cuando lo que se pretende es erradicar estas prácticas que atentan contra la integridad de las personas y hasta con la vida misma de los trabajadores, lo cual me permitió establecer un mecanismo más severo, pero eficaz para el problema planteado, desde el punto de vista de la protección y tutela de los bines jurídicos a partir del Estado punitivo y represor de conductas que abarcan el ambiente doloso, cuyo fin es propiciar la responsabilidad penal de los empleadores que no acatan la Ley, ni menos los principios básicos y garantistas de protección de la integridad del ser humano. La investigación tiene un tinte literario; como de carácter empírico, que se han conjugaron para alcanzar adecuaciones que permitirán salvedades a los trabajadores, que se encuentran vulnerables en relación a su empleador cuando éste nos les garantiza su integridad.