Reforma al código orgánico de ordenamiento territorial, autonomía y descentralización en relación al orden de sucesión del alcalde por causa de muerte.

Abstract

La ley orgánica electoral y de organizaciones políticas de la República del Ecuador más conocido como el Código de la Democracia establece con claridad meridiana bajo los principios de diversidad, pluralismo ideológico y de igualdad de oportunidades, la participación popular en el ejercicio de la democracia directa para los procesos electorales y para la designación de las autoridades de los órganos de poder público. El Art. 2 de la normativa en referencia precisa cuales son los derechos de participación política que reconoce en plena concordancia con lo dispuesto en la Carta Magna, refiriendo textualmente: “En el ámbito de esta ley las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: 1. Elegir y ser elegidos; 2. Participar en los asuntos de interés público; 3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa; 4. Ser consultados; 5. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular; 6. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de ellos y participar en todas las decisiones que éstos adopten; 7. Intervenir como veedores u observadores en los procesos electorales; de conformidad a lo establecido en esta Ley y su Reglamento; y, 8. Exigir la rendición de cuentas y la transparencia de la información de los sujetos políticos” Así mismo se definen lineamientos importantes respecto de las elecciones de las dignidades de elección popular, manifestándose en el art. 90 que las elecciones para prefectas o prefectos y viceprefectas o viceprefectos provinciales, alcaldesas o alcaldes distritales y municipales, concejales o concejalas distritales y municipales, y vocales de las juntas parroquiales rurales se realizarán cada cuatro años y no serán concurrentes con las elecciones nacionales. El ejercicio de la democracia en un estado constitucional de derechos como el nuestro y como no puede ser de otra forma, debe cumplirse tal cual lo determina el código de la democracia, siendo que el sujeto político que haya sido favorecido con el voto ciudadano y obtenido una dignidad de elección popular deberá oportunamente ser acreditada por el Consejo Nacional Electoral para luego asumir su función o cargo para el cual se postuló; En el caso particular del candidato a la alcaldía de un Municipio y desde el momento en que entra en funciones dentro del Cabildo, se identifican algunas cuestiones en lo relacionado al orden de sucesión del alcalde en caso de ausencia definitiva; pues desde el momento en que es electo o desde que inician sus funciones, en caso de fallecimiento, se interpreta conforme lo refiere el art. 62 del COOTAD que será el vice alcalde quien asuma la alcaldía: “Son atribuciones del vicealcalde o vicealcaldesa: a) Subrogar al alcalde o alcaldesa, en caso de ausencia temporal mayor a tres días y durante el tiempo que dure la misma. En caso de ausencia definitiva, el o la vicealcaldesa asumirá hasta terminar el período. La autoridad reemplazante recibirá la remuneración correspondiente a la primera autoridad del ejecutivo;” b) Desde esta perspectiva estimo que no es legítimo ni democrático, que quien asuma la alcaldía en caso de ausencia definitiva del alcalde, sea el vice alcalde, sin observar un procedimiento eleccionario interno para nombrar al nuevo alcalde de entre los miembros del consejo municipal, es decir permitiendo que uno de los Ediles o Concejales en aras de ejercitar el principio de igualdad de oportunidades pueda asumir la función de Alcalde.