LA PREVENCIÓN DE LA MENDICIDAD DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO PROBLEMA SOCIAL Y JURÍDICO EN EL ECUADOR.

Abstract

La Constitución de la República del Ecuador, como una forma de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, prohíbe la explotación económica de este grupo de atención prioritaria, en todas sus manifestaciones, sin embargo de esta norma constitucional, se produce en la sociedad ecuatoriana un problema que tiene que ver con la utilización de estas personas en la mendicidad. La mendicidad de niños, niñas y adolescentes es un problema social y jurídico, que ha sido ratificado por las propias instituciones del Estado como el Ministerio de Bienestar Social, que acepta que en el país existen aproximadamente siete mil niños y adolescentes dedicados a esta actividad. Al revisar el marco jurídico ecuatoriano, he podido determinar que las normas establecidas en la Constitución de la República del Ecuador y en el Código de la Niñez y la Adolescencia, respecto a la mendicidad de los niños, niñas y adolescentes, como una forma de maltrato, es insuficiente para prevenir y proteger a estos menores. La mendicidad de niños, niñas y adolescentes tienen diferentes causas de orden familiar, social, económico e incluso político, y provoca efectos negativos tanto para estos menores como para la sociedad en general, es por ello que en este trabajo me he preocupado de estudiar las manifestaciones sociales y jurídicas de esta problemática, tratando también de reunir los elementos de juicios suficientes, tanto legales, como doctrinarios y fácticos, que me permitan proponer una reforma a la Constitución de la República del Ecuador y al Código de la Niñez y la Adolescencia, con el único afán de contribuir a que la mendicidad infantil, sea completamente erradicada, o por lo menos disminuya su incidencia en la sociedad ecuatoriana, y los niños, niñas y adolescentes del país tengan una vida digna que les asegure la satisfacción de sus necesidades y sobre todo el pleno ejercicio de las garantías y derechos reconocidos por el Estado ecuatoriano para hacer posible su desarrollo integral.