La unificación de la jurisdicción constitucional en todos sus niveles, una garantía de eficiencia y eficacia en la administración de justicia ecuatoriana

Abstract

Con la aprobación de la Constitución del 2008 mediante referéndum, el Ecuador pasó de ser un Estado Social de Derecho a ser un Estado Constitucional de Derecho y Justicia. Así pues, esta nueva definición coloca directamente lo “constitucional” como centro del acuerdo jurídico - político de la sociedad y Estado en el que los derechos ciudadanos están suficientemente garantizados por Estado a través de la Constitución. En suma, se trata de dar más fuerza a la relación entre sociedad y Estado y a la vez profundizar la vigencia y garantía de derechos. No obstante esta nueva forma de Justicia o Derecho Constitucional también necesita que sus enunciados pasen del derecho abstracto a la aplicación de la justicia propiamente dicha y la misma Constitución nos da la respuesta a través de la posibilidad real de denunciar la vulneración de derechos fundamentales ante los jueces a través de las garantías jurisdiccionales. La Constitución propone que los encargados de conocer y resolver estas acciones jurisdiccionales ( acción de protección, acción de habeas corpus, acción de habeas data, acción de acceso a la información pública) son todos los jueces de primera instancia y las apelaciones son de conocimiento de las salas de las cortes provinciales en la justicia ordinaria, a excepción de la acción de incumplimiento y el recurso 3 extraordinario de protección que estos si se dilatan en órgano especializado en Justicia Constitucional como es la Corte Constitucional, que es el máximo organismo de control constitucional, que tiene inclusive la facultad de pronunciarse sobre la validez o no de la norma jurídica o revocar autos decretos o sentencias que se encuentren ejecutoriados. El ejercicio de la competencia constitucional en forma dispersa crea múltiples problemas como: distrae de la actividad normal al funcionario encargado de este nuevo tipo de administración de justicia, recarga su trabajodebiendo atender con celeridad y eficiencia las acciones a él encomendadas porque para este tipo de acciones se prevén tiempos muy breves de tramitación y en su mayoría requieren de gran trabajo intelectual por la fundamentación que se le tiene que dar a los fallos, lo que hace disminuir la calidad de su trabajo; además de violentar principios constitucionales tales como el de eficacia y eficiencia. Por lo que a través de este trabajo investigativo se propone la unificación de la jurisdicción Constitucional en todos sus niveles en la Corte Constitucional, para que de esta manera los derechos de los ciudadanos sean garantizados en una justicia constitucional más proba y especializada.