Reforma al art. 640 del código orgánico integral penal, en relación al reducido plazo máximo otorgado a fin de realizarse la audiencia de juicio directo

Abstract

El presente trabajo de grado tiene como fin realizar reformas al Art. 640.4 del Código Orgánico Integral Penal. Todo sistema penal se encuentra en el dilema entre combatir la impunidad y garantizar los derechos de las personas sospechosas de haber cometido una infracción penal. Si las garantías se extreman, se crearía un sistema que nunca sanciona; si las garantías se flexibilizan, se acabaría condenando a la persona inocente. El sistema penal tiene que llegar al término medio para evitar que en la sociedad se toleren injusticias y procurar que exista algo parecido a la paz social en el combate a la delincuencia. Se limita la actuación del aparato punitivo del Estado. La o el juez es garante de los derechos de las partes en conflicto. El proceso se adecua a los grados de complejidad de los casos. Las personas sometidas al poder penal como víctimas o procesados- tienen, en todas sus etapas, derechos y garantías. El derecho de ejecución de penas ha estado doctrinaria y jurídicamente divorciado del derecho procesal y del derecho penal sustantivo, en todas sus dimensiones. Una vez dictada la sentencia, sin que se debata la prolongación de la pena, las y los jueces no tienen relación alguna con el efectivo cumplimiento de la sentencia. No existe control judicial sobre las condiciones carcelarias, las sentencias no se cumplen efectivamente y la administración ha estado a cargo de un órgano poco técnico y con inmensas facultades discrecionales. Si a esto se suman las condiciones carcelarias, que son deplorables, la falta de estadísticas confiables, la ausencia de registros y la forma arbitraria de establecer sanciones al interior de los centros, se concluye que es urgente realizar una reforma creativa, integral y coherente en el resto del sistema penal. Además, fue necesario realizar una investigación de campo sobre la base de algunas variables establecidas, mediante la utilización de técnicas como son la encuesta y entrevista dirigidas Jueces de las Unidades Judiciales Penales de Imbabura con sede en el Cantón Ibarra, Fiscales de Imbabura; y, abogados en libre ejercicio de la Ciudad de Ibarra. Una vez determinado el problema se propone introducir reformas al Art. 640.4 del Código Orgánico Integral Penal y; finalmente se realizó un análisis de los impactos generados por la presente investigación en los ámbitos jurídico-legal, social, cultural, educativo, económico, que determinan la vialidad del proyecto realizado. La necesidad de contar con un nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP) nadie la pone en duda; sin embargo tal como se ha concebido al proyecto, podría terminar por sosegar la mencionada necesidad pero a la vez tropezar con la injusticia, debido a la gran cantidad de conductas que sin ninguna fundamentación teórica o práctica, se tipifican como delitos en el proyecto de ley. La expansión del derecho penal, impulsada irresponsablemente por la clase política para mejorar encuestas o atenuar la efervescencia de la opinión pública respecto a la inseguridad, debido a las distorsiones de los medios de comunicación social; constituye en realidad un salto al vacío para la protección de los derechos fundamentales. Si se tiene presente que el derecho penal, debe tratar sólo aquellas acciones que lesionan bienes jurídicos fundamentales y que además no encuentren solución en el derecho administrativo, civil o tributario; entonces se puede advertir el exceso de disposiciones legales que se encuentran incluidas como delitos o contravenciones en el Proyecto de Código Orgánico Integral Penal. El Código Orgánico Integral Penal, supone un avance hacia la simplificación de procesos, en busca de una mayor eficacia y celeridad en la administración de justicia, sin menoscabar el respeto debido a los derechos y garantías constitucionales, El Procedimiento Directo es un procedimiento especial para la investigación y juzgamiento de ciertos delitos; el pleno aprovechamiento de los avances judiciales y una mejor regulación de la economía procesal dentro de la etapa intermedia a diferencia del procedimiento común.