La limitación del acceso a la justicia penal de un Juez de la Corte Constitucional, que no puede ser objeto de una denuncia por un ciudadano afectado por la comisión de un delito, viola el principio constitucional de igualdad ante la ley

Abstract

El principio-derecho de igualdad ante la ley es garantizado constitucionalmente, mismo que no puede ser violado, o en su defecto de debe aplicar otros principios de valoración como el de ponderación; así, el artículo 186, numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional del Ecuador establece que: “…la responsabilidad penal por hechos punibles cometidos durante y con ocasión de las funciones ejercidas en la judicatura, serán objeto de denuncia, investigación y acusación única y exclusivamente por la o el Fiscal General del Estado…”. Este numeral viola el principio constitucional de igualdad ante la ley establecido en la Constitución en su artículo 11, numeral 2 que expresa: “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades”. Así como la violación del artículo 66 numeral 4 de la Constitución, sobre los derechos de libertad que manifiesta: “Derecho a la igualdad formal, igualdad material…”, ya que limita el acceso a la justicia penal en contra de un Juez de la Corte Constitucional, que no puede ser objeto de una denuncia por un ciudadano afectado por la comisión de un delito, ya que según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional si el Fiscal General no presenta una denuncia, nadie puede hacerlo, de igual forma en la Constitución se establece las responsabilidades de estos jueces, y no consta que sólo el Fiscal General pueda interponer una denuncia en contra de ellos, por ello existe una norma que va contra la Constitución, puesto que sólo el Fiscal General puede denunciar, esto coarta el principio constitucional de igualdad ante la ley, ya que un ciudadano no puede denunciar a un Juez de la Corte Constitucional por un delito, es decir que la denuncia, investigación y acusación única, es exclusiva del Fiscal General.- Asimismo existe un problema jurídico, en este caso una norma (Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional) que va en contra de la Constitución, pues viola el principio de igualdad ante la ley, así como el derecho de libertad de igualdad formal y material.