Los operadores de justicia frente a los delitos informáticos

Abstract

Al igual que ocurre con otras profesiones, los agentes de la ley se están transformando por culpa de la tecnología de la información. El Centro Nacional de Información sobre el Crimen del FBI, ofrece a la policía de todo el país información casi instantánea sobre delitos y delincuentes. Los investigadores utilizan bases de datos para almacenar y cruzar pistas en casos complejos. A través de la tecnología de reconocimiento de patrones, los sistemas de identificación de huellas dactilares automatizados tardan minutos en las tareas que antes llevaban meses. Las computadoras comprueban rutinariamente los mercados de acciones de Nueva York y Londres para detectar posibles fraudes. La policía de Tejas utiliza una intranet para cruzar bases de datos de fotografías, huellas dactilares y otra información relacionada con delitos y crímenes. Los forenses informáticos usan software especial para escanear los discos duros de los criminales para localizar ―huellas dactilares‖ digitales o lo que es igual rastros de ficheros borrados que contienen evidencias de actividades ilegales. Todas estas herramientas ayudan a los oficiales de la ley a descubrir actividades ilegales y a detener a criminales. Como las armas, las personas utilizan las computadoras para quebrantar la ley y para hacerlas respetar. Las computadoras son potentes instrumentos en manos de criminales, por lo que éste es un problema en continuo crecimiento en nuestra sociedad. El ―delito informático‖, se lo puede definir así: ―cualquier crimen llevado a cabo a través del conocimiento o uso de la informática‖. Con exactitud no se sabe la extensión que tiene el delito informático pues la mayor parte de las veces no se publican, por la simple razón que más grave sería para una compañía el dar a relucir las falencias existentes en su sistema informático que el delito mismo. Desde 1999 en el Ecuador se puso en discusión el proyecto de Ley de Comercio Electrónico, Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, conformándose comisiones para la discusión de la Ley por parte de los organismos directamente interesados en el tema CONATEL, Superintendencia de Bancos, Cámaras de Comercio y puedan realizar las observaciones a la misma. Las falencias que presentó al inicio este proyecto fueron puliéndose hasta que por fin en abril del 2002 fue aprobado el texto definitivo de la Ley de Comercio Electrónico, Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas y en consecuencias las reformas al Código Penal que daban a la luz los denominados Delitos Informáticos. Ahora bien el problema de esta investigación radica en que las instituciones llamadas a realizar el control social formal sobre estas infracciones informáticas, llámese Fiscalía o Policía Judicial, no cuentan con una preparación técnica adecuada, que permita hacer frente al problema, además de eso no cuentan siquiera con la infraestructura adecuada, como centros de vigilancia computarizada, el software necesario y demás implementos necesarios para combatir los Delitos Informáticos. Falta también la preparación de Jueces y Magistrados en estos temas, ya que en ocasiones se ven confundidos frente a este tipo de delitos confundiéndolos con delitos tradicionales. La Fiscalía debería contar con una Unidad Especializada, como existe en países como Estados Unidos donde el FBI cuenta con el Computer Crime Unit, o como en España que también tienen un departamento especializado en esta clase de investigaciones.