“NECESIDAD DE REFORMAR EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, EN LA FINALIDAD DE VIABILIZAR LA PLENA VIGENCIA DE LOS DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES.”

Abstract

El presente trabajo investigativo denominado con el tema: “NECESIDAD DE REFORMAR EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, EN LA FINALIDAD DE VIABILIZAR LA PLENA VIGENCIA DE LOS DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES.” se enmarca en un problema social que afecta directamente a las personas, quienes por su condición económica, al momento de presentar una demanda de alimentos, se ven imposibilitadas de contar con la ayuda de un profesional del Derecho, el hecho de autorizar, a través del Código de la Niñez y la Adolescencia, de manera discrecional la no obligatoriedad de contar con la ayuda o asesoría de un profesional del Derecho, los deja en la indefensión, pues si muchas de las veces ni siquiera saben a dónde acudir a presentar su demanda, mucho menosvan a saber en qué momento procedimental tendrán que hacer la prueba, como lo van a presentar y como van a alegar, etc. Nuestra Constitución ampara el derecho a la seguridad jurídica, el derecho a la defensa en cualquier instancia de un proceso; derechos que son vulnerados en la actualidad al señalar, en el Código de la Niñez y la Adolescencia, que no se requerirá para plantear la demanda el auspicio de Abogado. El asambleísta al poner en el Código de la Niñez y la Adolescencia esta normativa de carácter permisivo, deja en la indefensión a los alimentados. Cuando se introdujo esta reforma arguyeron que se lo hacía con la finalidad de ayudar a quienes solicitaban alimentos, que por lo general son gente de escasos recursos económicos, a fin de que no sea la falta de dinero el que impida que se haga cumplir la Ley; ahora bien, ¿dónde queda el debido proceso, la seguridad jurídica, el derecho a la defensa, la garantía de inmediación y contradicción? Si se actuara de esa manera tan ligera, muchos delitos quedarían en la orfandad jurídica, pues no debemos olvidarnos que por la estructura y superestructura social en la que vivimos, la mayoría de habitantes son quienes no tienen acceso a la justicia, precisamente por falta de recursos económicos; entonces ¿qué razón tiene de ser el Estado?, que según se proclama velara y protegerá por igual a todos sus ciudadanos sin miramientos ni discriminaciones de ninguna índole. La disposición en análisis introducida en el Código de la Niñez y la Adolescencia no fue sino que una ligereza del asambleísta, quien sin estar en el campo practico piensa que son los ideales los que triunfan al final del día; pero esos bien sabemos que es una quimera que nos permite avanzar pero que no soluciona las cosas. Pensar y actuar desde el ideal deslegitima el accionar del Estado, entonces he allí la importancia del presente trabajo académico-investigativo; en el cual y en base a las investigaciones y consultas respectivas se logra determinar con precisión y práctica jurídica, que la solución no está en las sabanas; sino en que el Estado ecuatoriano de manera responsable a través de sus múltiples Instituciones Públicas, y actuando con equidad y solidaridad, al determinar que una persona no cuenta con los recursos económicos suficientes se debe darle asesoría gratuita tal como ocurre en la mayoría de países,. Pero jamás dejar en la indefensión a sus ciudadanos. Con lo antes mencionado, de acuerdo al desarrollo del presente trabajo los objetivos estuvieron dirigidos a desarrollar un amplio análisis del Código de la Niñez y la Adolescencia; así, como de la legislación y doctrina constitucional, respecto a la protección de los derechos y garantías de los ciudadanos y ciudadanas. Además se propuso demostrar que las leyes secundarias no cumplen a cabalidad el rol de defender a los ciudadanos y se busco desarrollar una propuesta de reforma jurídica que nos permita garantizar el derecho a la defensa de quienes solicitan alimentos. La hipótesis estuvo enmarcada en señalar que la comparecencia de las partes a un proceso de alimentos, si éstos no cuentan con asesoría legal profesional vulnera garantías constitucionales. Por otra parte se debería considerar las posibles consecuencias jurídicas a las que se expone un proceso al no cumplir con las garantías del derecho a la defensa establecidos en la Constitución; así mismo se realizó encuestas, entrevistas cuyos resultados sirvieron para afianzar la temática planteada y poder verificar los objetivos mencionados, finalmente se pudo abordar con conclusiones, recomendaciones y propuesta jurídica, y que de alguna forma sirvan para dar alternativas de solución a este problema que afecta el derecho a la seguridad jurídica de las personas.