Reforma al art. 77 de la ley de hidrocarburos para regular apropiadamente las sanciones pecuniarias, evitando el exceso de discrecionalidad para multar de la agencia de regulación y control hidrocarburífero

Abstract

La problemática jurídica materia de la presente investigación se orienta al análisis legal del régimen del procedimiento administrativo sancionatorio por infracciones a la Ley de Hidrocarburos y sus Reglamentos de Aplicación, constituyendo un espacio importante dentro del ámbito del derecho público que se relaciona directamente con los recursos naturales no renovables y el control y regulación que sobre los mismos se hace por parte de las autoridades competentes. La temática se enmarca dentro del Derecho Administrativo, pues vamos a investigar fenómenos jurídicos provenientes de las complejas relaciones que operan entre la Administración y el Administrado, donde se pretende por una parte imponer la voluntad administrativa enmarcada en normas y principios legales, y por otra, reclamar por las afectaciones a derechos subjetivos que pudieran ocasionarse por efecto de una actuación ilegal o imprecisa por parte de la Administración. El problema jurídico se lo enfoca al tratar y conocer sobre las connotaciones jurídicas en torno al procedimiento administrativo de carácter sancionatorio por infracción a la Ley de Hidrocarburos y sus Reglamentos de Aplicación; el mismo que es iniciado por la máxima autoridad competente en materia de hidrocarburos para imponer una sanción de carácter administrativo por acciones u omisiones del sujeto de control de la normativa hidrocarburífera, me refiero al comercializador y distribuidor de combustibles líquidos derivados de hidrocarburos (gasolina, diesel), de gas licuado de petróleo de uso doméstico o industrial El art. 77 que a continuación se cita, podemos apreciar en que forma que la ley de hidrocarburos establece las sanciones para los infractores de la normativa en esta materia: “Art. 77.- El incumplimiento de los contratos suscritos por el Estado ecuatoriano para la exploración y/o explotación de hidrocarburos, y/o la infracción de la Ley y/o de los reglamentos, que no produzcan efectos de caducidad, serán sancionados en la primera ocasión con una multa de hasta quinientas remuneraciones básicas unificadas para los trabajadores en general; la segunda ocasión con multa de quinientas a un mil remuneraciones básicas unificadas para los trabajadores en general; y, la tercera ocasión con multa de un mil a dos mil remuneraciones básicas unificadas para los trabajadores en general, la misma que será impuesta por el Director de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero de forma motivada, utilizando criterios de valoración objetivos, como: gravedad de la infracción, negligencia, daño producido, alcance de la remediación, volumen de ventas, perjuicio al Estado y al consumidor y otros que se consideren pertinentes guardando proporcionalidad con la infracción, de conformidad con lo que se establezca en el Reglamento.” De la norma que antecede se infiere en primer término que existe una exagerada regulación de sanciones que sobrepasa en la mayoría de los casos la capacidad económica real de los sujetos de control de esta ley de acuerdo a sus ingresos; en segundo lugar se torna inaplicable estos criterios de valoración del Director de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos para sancionar, se trata de parámetros demasiado subjetivos que han redundado en abusos y excesos de la facultad de discrecionalidad de la autoridad pública y que han afectado derechos de comercializadores y distribuidores de combustibles líquidos derivados de hidrocarburos (gasolina, diesel) y de gas licuado de petróleo de uso doméstico o industrial, incumpliendo de esta forma el principio de proporcionalidad que la misma norma indica debe observarse, pues en la práctica es incontrastable que las multas no mantienen un real equilibrio respecto del daño producido, siendo además desproporcionadas en relación al volumen de ventas. Ante esta perspectiva, es necesario e imperioso plantear una necesaria reforma al art. 77 de la ley en mención para garantizar la efectiva tutela de los derechos de los sujetos de control de esta ley, el acceso a la justicia en forma efectiva y transparente, agregando incluso la factibilidad impugnar en sede administrativa o en el contencioso administrativo las sanciones impuestas por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) sin la necesidad de presentar como requisito para la procedencia del recurso el comprobante del pago previo de la multa.