FALTA DE APLICACIÓN DEL DERECHO DE REPETICIÓN, COMO RESULTADO POR VIOLACIONES DE LOS PRINCIPIOS Y REGLAS DEL DEBIDO PROCESO

Abstract

El presente trabajo investigativo, se encuentra encaminado en demostrar la importancia de aplicación del derecho de repetición como consecuencia de la errónea aplicación de justicia, por lo que se genera un grave perjuicio económico al Estado que se ve en la obligación de indemnizar a la persona particular a quien se le han vulnerado sus derechos como consecuencia de la inobservancia o errónea aplicación de justicia. La acción de repetición es una acción de responsabilidad patrimonial que permite recuperar u obtener ante la jurisdicción el reembolso o reintegro de lo pagado por las entidades públicas en virtud del reconocimiento indemnizatorio impuesto judicialmente al Estado en una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, como consecuencia de la acción u omisión gravemente culposa o dolosa de un servidor o ex servidor público suyo o de un particular investido de una función pública. Cabe resaltar que los ingresos del Estado que son utilizados para cancelar las indemnizaciones por errores judiciales, se obtienen del pago de los impuestos y contribuciones de los ciudadanos. En consecuencia las indemnizaciones que aparentemente cancela el Estado, son canceladas indirectamente por la ciudadanía en general, en este sentido resultan afectados todos los ciudadanos. 3 Es de conocimiento general que la aplicación de la acción de repetición la ejerce el Estado en contra de la persona responsable del error judicial que causa violación a los derechos de un particular, con la finalidad de recuperar el monto cancelado como indemnización al perjudicado. Sin embargo, la acción de repetición no se la aplica de forma transparente, es decir los ciudadanos particulares nunca llegan a tener conocimiento si se ha entablado alguna acción judicial de repetición en contra del empleado negligente y peor aún si se ha regado efectivizar el pago de lo cancelado por el Estado. En este sentido es de suma importancia una reforma que establezca un trámite claro y viable que propicia la transparencia en cuanto a las acciones de repetición en contra de empleados públicos que han incurrido en errores que vulneraron los derechos de los particulares.