EL PRINCIPIO DE AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA FRENTE A LAS NORMAS DEL DEBIDO PROCESO

Abstract

El Estado nace de la necesidad del hombre por organizarse en una comunidad que permita, gracias al esfuerzo conjunto, alcanzar el bien común. Esta necesidad de organizarse se plasma a través de un sistema normativo que permite a sus integrantes ejercer su libertad, garantizando la convivencia armónica y la prosecución del bien común. Con el propósito de cumplir con los fines para los que fue creado, el Estado debe ejercitar una actividad permanente concreta e irrenunciable, que le permita alcanzar Pública y que es cumplida por medio de una estructura orgánica, conocida como aparato estatal. Para el ejercicio del poder por parte de los órganos que conforman la administración pública, es necesario limitar el accionar tanto de los gobernantes como de los gobernados, limitante que está constituida por la Ley, máxima expresión de soberanía, así la norma jurídica disuade el poder arbitrario como también la abuso y anarquía de una sociedad sin estructura jurídica; por esta razón, así como por el hecho de que el Estado y los órganos de ejercicio del poder público son personas jurídicas y como tales incapaces relativos, solamente pueden realizar los actos que expresamente autoriza la ley, y además en la forma en que ésta lo establece. Por lo tanto, corresponde a la Constitución y a la Ley dotar de un marco jurídico que asigne y delimite tanto los objetivos que deben cumplir los organismos y órganos públicos, así como delimiten las facultades y competencias que deben ejercer para cumplir los mismos, esto es que tanto las atribuciones y competencias de los entes públicos, como las formas en que se expresarán jurídicamente para ejercitarlas, deben constar en la norma jurídica que regule a esa entidad. Una de las principales formas de expresión de la administración pública consiste en los actos administrativos, declaraciones unilaterales de voluntad realizados en ejercicio de la función administrativa que producen efectos jurídicos individuales de forma directa, para cuya emisión la autoridad administrativa está obligada a cumplir con los procedimientos legales para la producción de sus actos, pues el incumplimiento de estos procedimientos provoca la ineficacia del acto. El procedimiento administrativo constituye entonces el camino previsto por la ley para la producción de los actos administrativos, camino que constituye tanto el trámite como las solemnidades que ha de cumplir la autoridad pública para la validez de sus actos, con la finalidad de garantizar el cumplimiento del debido proceso. El procedimiento administrativo debe estar regulado por la ley, la misma que debe contener una serie de principios y actuaciones que han de cumplirse en forma obligatoria, sin embargo, en nuestro país encontramos que el régimen jurídico que rige el procedimiento administrativo se encuentra disperso en varias normas jurídicas, la mayoría sin la jerarquía de una ley; y que en la mayoría de entidades del sector público, con excepción de las que integran las función ejecutiva y el régimen autónomo descentralizado, no existe una normativa que regule el procedimiento administrativo. El Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, en su Libro Segundo contiene una regulación sobre el procedimiento administrativo, sin embargo estas disposiciones rigen solamente para la Administración Pública Central, entendida la misma como la conformada por la Presidencia y la Vicepresidencia de la República, los Ministerios de Estado y los órganos dependientes o adscritos a estas entidades; algo similar ocurre con el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización, de reciente creación, en el que encontramos una regulación para el procedimiento administrativo, sin embargo el alcance de estas normas se encuentra limitado a los gobiernos autónomos descentralizados; por lo que al no contar en nuestro país con una ley de régimen administrativo, los procedimientos administrativos a realizarse en las demás entidades del sector público se basan en las escasas disposiciones de carácter interno emitidas por la misma entidad, en el caso de que existan tales disposiciones, lo que atenta contra el derecho del administrado a contar con un procedimiento que garantice la legalidad y seguridad jurídica en la producción de los actos administrativos, situación que ha motivado la práctica de esta investigación, la misma que pretende demostrar la forma en que este vacío legal ha permitido la vulneración de los derechos de los administrados.