EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN LOS CASOS DE NARCOTRÁFICO

Abstract

El Ecuador es un país constitucional de derecho y justicia social, regido bajo una norma suprema que es la Constitución de la República, donde el Estado está al servicio de la garantía de los derechos fundamentales de todos los habitantes. En ese sentido, todo el cuerpo normativo debe guardar concordancia con los preceptos que la Constitución consagra. Uno de estos derechos es el establecido en el Art. 76 de la Norma Suprema, que asegura a toda persona un debido proceso. A la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas por su parte, establece el procedimiento para la sanción de los delitos relativos a drogas o narcotráfico, que en nuestro país, es severamente castigado; siendo notablemente desproporcionado; de ninguna manera estoy justificando el cometimiento de este ilícito, tampoco que se legalice, lo que trato es que las personas procesadas por este delito sean sancionadas, sin duda, pero debe realizarse tomando en consideración las garantías mínimas del debido proceso principalmente ajustándose al principio de proporcionalidad. El procedimiento de la forma como establece esta Ley violenta derechos y garantías constitucionales como es el debido proceso; pues el legislador no ha previsto aún una reforma legal que permitan viabilizar los mandatos que la Carta Magna y que permita brindar seguridad jurídica a las personas procesadas por este tipo de ilícitos, de ahí que urge una reforma a la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas a fin de que debe guarde coherencia con los preceptos constitucionales.