Reforma al código de la niñez y adolescencia en cuanto a la declaración de oficio por el juez de la extinción de la obligación de alimentos

Abstract

La Constitución de la República del Ecuador, establece de manera clara el derecho de alimentos que tienen todos los ecuatorianos y el acceso a ellos de manera segura y permanente, además hace mención a que estos serán, sanos y nutritivos, todo ello encaminado a que los habitantes de este país, tengan un buen vivir y rodeados de lo necesario, entre ellos el derecho de alimentos. Pero también se hace mención a los derechos que tiene las personas que son más vulnerables como son los niños, niñas y adolescentes, y a la protección que este grupo de personas merecen por parte de sus progenitores y del Estado en sí, es por eso que la ley suprema manifiesta que es responsabilidad de los padres el atender a los hijos, sin importar que estén viviendo bajo un mismo techo o se encuentren separados del núcleo familiar. Así mismo establece que los padres son los titulares principales de la obligación alimentaria, aún en los casos de limitación, suspensión o privación de la patria potestad de los menores. De igual forma, el Código de la Niñez y la Adolescencia establece que el obligado principal a pasar alimentos es el progenitor de los menores, sea madre o padre según sea el caso o dependiendo de quién sea la parte que se ha despreocupado de su obligación de padre. Pero también menciona los deberes que estos tienen para con los padres y uno de ellos es guardarles el debido respeto y honrarlos como lo manda la moral y las buenas costumbres, deber que se estaría faltando en el caso de que los beneficiarios de una pensión de alimentos contraigan obligaciones de progenitor. Pero además de esto el Código de la Niñez y Adolescencia adolece de una insuficiencia jurídica, ya que no establece la normativa que mencione la extinción de la obligación de pasar alimentos en cuanto a la declaración de oficio por el Juez, cuando el menor tenga 18 años o a los 21 años si este justificare que se encuentre cursando estudios en cualquier nivel educativo y carece de recursos económicos, que los estudios que está cursando le impidan para trabajar y solventar sus gastos y que carezca de recursos propios y suficientes. Es decir si el alimentante no lo pide mediante su abogado y con un escrito jurídico adjuntando las pruebas que justifican que se debe extinguir la obligación de pasar alimentos, el juez no lo hace de oficio sino a petición de parte, por lo que mediante este vacío jurídico en este cuerpo legal se están vulnerando los derechos del alimentante, ya que nuestro Estado debe actuar de forma eficiente y ágil, a fin de garantizar los derechos de todos los ciudadanos.