Implementación del modelo penitenciario de la República de El Salvador en Ecuador para prevenir conflictos entre personas privadas de libertad.

Abstract

El presente trabajo de integración curricular previo a optar el Título de Abogada se titula: “Implementación del modelo penitenciario de la república de El Salvador en Ecuador para prevenir conflictos entre personas privadas de libertad.” Se enfoca específicamente en la experiencia de El Salvador; Estado que ha implementado un enfoque penitenciario orientado hacia la rehabilitación, la reducción de la violencia en prisión y la promoción de la reinserción social, obteniendo resultados positivos. La Constitución de El Salvador garantiza la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas. Sin embargo, surge la pregunta sobre si estas políticas se implementan efectivamente en el ámbito penitenciario. A diferencia de El Salvador, Ecuador enfrenta una crisis en su sistema carcelario, con altos índices de violencia, muertes y falta de control efectivo. La justificación se basa en la urgencia de mejorar el sistema penitenciario ecuatoriano y prevenir conflictos entre reclusos. El modelo salvadoreño se destaca por su enfoque innovador en la rehabilitación, incluyendo educación, capacitación laboral, salud mental y reintegración social. Por lo tanto, se busca respaldar la adopción del modelo salvadoreño en Ecuador como una estrategia integral para mejorar el sistema penitenciario, reducir la violencia y contribuir a una sociedad más segura. Asimismo, el estudio se propone analizar a fondo las características y resultados del modelo penitenciario salvadoreño, evaluando su aplicabilidad en Ecuador. En el transcurso de este proyecto de integración curricular, se emplearon diversos recursos, metodologías y enfoques, los cuales fueron detallados en la propuesta correspondiente; específicamente con la realización de entrevistas y encuestas a profesionales del ámbito legal. A través del análisis e interpretación del marco teórico y de datos estadísticos de Ecuador, un país con una población de 17 millones de habitantes y una población penitenciaria de 39,000 personas distribuidas en 53 cárceles, se puede notar que el sistema carcelario, con una capacidad total de albergar a alrededor de 30,000 personas, actualmente aloja a casi 10,000 personas adicionales. Esta disparidad condujo a la identificación de la necesidad de proponer soluciones legales como resultado de este estudio.